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La Cámara de Diputados de la Nación se encamina a debatir el rechazo definitivo al DNU 70/2023 en una sesión especial convocada para el 15 de octubre.
Tras haber sido vetado por el Senado en marzo de 2024, una votación en contra de la Cámara Baja configuraría la nulidad absoluta del megadecreto desregulador impulsado por la gestión de Javier Milei al inicio de su mandato.
Una hipotética caída del decreto reinstauraría marcos regulatorios históricos y abriría un complejo escenario jurídico sobre la validez de los acuerdos firmados bajo su vigencia.
Entre las normas que recuperarían fuerza se destacan la Ley de Alquileres (con contratos a tres años y actualización fija), la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y los mecanismos de preferencia del Compre Nacional.
Asimismo, el Estado retomaría el control tarifario sobre las empresas de medicina prepaga y la facultad de fijar precios de referencia en la industria yerbatera mediante la restitución de las funciones del INYM.
El eventual rechazo también impactaría en la figura jurídica de las empresas estatales, frenando la transformación a sociedades anónimas con fines de privatización, y pondría bajo revisión las reformas que flexibilizaron el mercado aerocomercial de cielos abiertos, la desregulación de la internet satelital y las modificaciones al Código Aduanero.
La discusión abarca también la Ley de Tierras Rurales, recientemente objeto de pronunciamientos judiciales respecto a la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.
Ante la ofensiva de la oposición para alcanzar el quórum de 129 bancas, el oficialismo intenta neutralizar la convocatoria.
La definición parlamentaria no solo pondrá a prueba la gobernabilidad de las reformas de fondo, sino que también abrirá un intenso debate legal sobre las consecuencias administrativas aplicables a los contratos y servicios configurados durante casi tres años de aplicación del decreto.
