«Dejaron todos los dedos marcados»: La causa contra el diputado Quintar y las clínicas de su familia

Asociación ilícita y fraude a la administración pública son solo algunos de los delitos que constan en la denuncia penal presentada el año pasado por el abogado Facundo Pérez Ernst contra el diputado libertario por Jujuy Manuel Quintar por irregularidades en contratos firmados entre el PAMI y clínicas pertenecientes a su familia, además de designaciones que, según señaló el abogado, colocan al diputado y su entorno «de los dos lados del mostrador».

La denuncia advierte sobre la existencia de «un esquema sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas en beneficio del grupo familiar y político de Quintar», que es lo que deberá determinar la investigación, que quedó en manos del fiscal federal de Jujuy Federico Zurueta.

Los delitos denunciados son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, en perjuicio de la Administración Pública Nacional, con los fondos administrados a nivel local, y alcanza a Manuel Quintar; su esposa Natalia Carolina Castillo Aurane; su prima Analía Quintar y el esposo de esta, Roque Cecilio Pereyra, delegado de Migraciones; el médico Pablo Gustavo Perovic, y el titular de PAMI Jujuy Evaristo Bautista.

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), el abogado Facundo Pérez Ernst dio detalles de la demanda. «Apenas asumió el gobierno de Javier Milei, Quintar logró poner a un tal Evaristo Bautista como titular del PAMI. Eso ya era bastante irregular, porque logró poner de un lado del mostrador, el del Estado, a un conocido -relató-. Y descubrimos que esa posición de Evaristo Bautista terminó beneficiando a las clínicas de Quintar, que fueron habilitadas como prestadoras del PAMI».

Según explicó el abogado, Quintar asegura que las clínicas de su familia son prestadoras de PAMI desde hace 30 años, «pero nosotros tenemos las constancias de que hay solicitudes de habilitación y prestación en el 2024 y en el 2025, y son aprobadas en esos mismos años», reveló.

«La verificación administrativa de PAMI muestra un control irregular, omitiendo la filiación familiar y la vinculación funcional entre todos los intervinientes», señala el texto de la denuncia.

En el caso de la Cooperativa Profesionales de Salud, se trata de una institución que nació en 2003, «pero se reactiva en el año 2024, ya en el gobierno de Milei, y obtiene beneficios, según lo que nosotros creemos, por contar con Evaristo Bautista dentro del PAMI», describió Pérez Ernst.

Sobre la Cooperativa, la denuncia consigna que «súbitamente aparece bajo la órbita de Manuel Quintar en 2024», cuando «modificó sus autoridades, incorporando a Pablo Perovic, empleado histórico de la Clínica Los Lapachos, y designando como apoderada a Analía Quintar».

Si bien la denuncia fue presentada el año pasado, se hizo pública recién ahora a partir del bochornoso escándalo de Manuel Quintar con su vehículo Tesla. El abogado explicó por qué hasta este momento no había hecho declaraciones sobre la demanda: «A mí no me gusta cuando los medios de comunicación condenan a una persona antes de ser juzgada, entonces nosotros mantenemos cierta cautela, esperando que la justicia avance».

«La denuncia toma relevancia, y se entera todo el país, por culpa del mismo diputado, que se saca la foto con el Tesla y dice ‘con la mía’. Y el presidente de la Nación dice ‘si se la ganó honestamente, que la disfrute’ -repasó Pérez Ernst-. Entonces muchos se preguntaron si efectivamente se la ganó de forma honesta. Se hicieron esa simple pregunta, y ahí es donde aparece mi denuncia».

En abril último, los demandantes presentaron una ampliación de solicitud de oficios, según explicó Pérez Ernst, «pidiendo a la justicia que se mueva».

La denuncia plantea los roles que habrían cumplido cada uno de los demandados:

• Quintar dirige y garantiza la cobertura política
• Castillo y Analía Quintar proveen las sociedades pantalla
• Pereyra y Perovic administran y legitiman las operaciones
• Bautista, desde su cargo, autoriza y ejecuta los pagos

Para Pérez Ernst, se trata de «una asociación ilícita muy clara, donde un grupo trabaja coordinadamente destinado a cometer ilícitos, especialmente luego de lograr que Evaristo Bautista, su contador de confianza, incluso gerente de Los Lapachos en un momento, toma una posición dentro del Estado, en el PAMI, y de esa manera beneficiar a sus clínicas».

A su entender, «es raro» que la investigación no avance. Sobre todo porque la denuncia está fundamentada, con documentación del Boletín Oficial de Jujuy «donde aparece cuando una clínica solicita una prestación y cuando el PAMI se la otorga, y está la firma de Evaristo Bautista, la firma de Roque Pereira, de Analía Quintar».

«Nosotros decimos que dejaron todos los dedos marcados», afirmó.

Pérez Ernst aclaró que para avanzar con la investigación de los presuntos delitos de tráfico de influencias o negociaciones incompatibles con la función pública «no es necesario incluso comprobar un enriquecimiento ilícito del diputado como tal, sino que hay que demostrar que el diputado, que tiene una función pública, no podría tener un negocio de su clínica con el PAMI».

«Ya estaría comprobado que existe un negocio que lo tiene como beneficiario final al diputado, que es accionista; y en algunos casos su esposa es dueña de una clínica. Ni siquiera hay que levantar el secreto bancario del diputado para saber si tuvo transferencias personales o no», detalló.

En la presentación del mesa pasado, los denunciantes le piden al fiscal Zurueta «que solicite oficios al PAMI para que remita no solamente la factura sino también el motivo de la factura, porque no queda muy claro a qué obedecen esas transferencias de 26, 27, 28 millones de todos los meses desde el PAMI hacia la clínica San Francisco».

La Clínica San Francisco es una de las firmas investigadas, que está relacionada societariamente con la esposa del diputado, Natalia Carolina Castillo Aurane. Además, de acuerdo con la documentación incorporada a la investigación, se detectaron transferencias del PAMI por varios millones hacia la Cooperativa de Profesionales de la Salud, que está bajo la órbita de la prima del diputado, Analía Quintar. Ambas entidades, de acuerdo a la denuncia, habrían sido habilitadas de manera irregular como prestadoras preferenciales del PAMI.

Quintar, que llegó al Congreso nacional en diciembre de 2023, integra el bloque de diputados de La Libertad Avanza y preside la Comisión de Acción Social y Salud. Dos años antes, fue candidato a diputado provincial por el Partido Justicialista.

Pertenece a una familia históricamente ligada al negocio de la salud privada en la provincia. Además de la San Francisco, el grupo controla la Clínica Los Lapachos, antes denominada Sanatorio Quintar.

El caso escaló a nivel nacional después de que Quintar llegara al Congreso manejando una Tesla Cybertruck. El legislador confirmó públicamente ser propietario del vehículo y defendió la compra en redes sociales. “A mi nombre, con la mía”, escribió.

Quintar informó en sus declaraciones patrimoniales bienes por más de $231 millones, entre ellos inmuebles en Jujuy y Salta, vehículos y participación accionaria en empresas vinculadas a la salud.