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El gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, y el fiscal de Estado, Mariano Miranda, anunciaron en conferencia de prensa, realizada en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, la presentación de una demanda penal contra funcionarios del gobierno nacional y agencias del Estado nacional, por los delitos de Usurpación de Autoridad y de Abuso de Autoridad.
La denuncia, que procura frenar la idea de avanzar en contra de la propiedad pública y privada de manera indebida, surge a partir de haberse producido en Jujuy, un hecho que va en contra de la Constitución Nacional, Legislación y el Derecho a la Propiedad, como la entrega de 23 mil hectáreas a 65 militantes del Movimiento Evita. Entregando en algunos casos 1.200 o 1.500 hectáreas de tierra de una reserva provincial o de tierras privadas.
Morales señaló que esas tierras «pertenecen a privados y una parte de esas hectáreas le pertenecen al Estado provincial, como por ejemplo la Reserva de las Lancitas».
Añadió que la denuncia es en contra de Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; María José Castillo, en su carácter de Directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría De Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; y en contra de Cecilia Iriarte, intendenta del “Parque Nacional Calilegua” de la Administración de Parques Nacionales; que no tiene jurisdicción, porque esta zona está alejada de ese parque y sectores como Tierra Fértil y la Agrupación Evita.
denuncia por entrega de tierrasLuego indicó que «entregaron constancia de posesión tradicional, argumentando informes antropológicos, lo que es una construcción falsa». “En algunos casos se les entregó los títulos a campesinos que habían iniciado juicio de prescripción adquisitiva y los cuales perdieron en la justicia, por lo que los privados tienen ejercicio de posesión de las tierras y el estado también los tienen», afirmó.
Por su parte, Miranda apuntó que «se trata de un hecho grave e irregular, concretado por funcionarios nacionales, porque este certificado de reconocimiento de posesión tradicional, afectará directamente a los procesos judiciales que se desarrollan en la órbita Penal y Civil, que en muchos de los casos ya tiene sentencia».
“Al no hacerse un relevamiento, esta situación incentivará a la usurpación de otros espacios, lo que agravaría esta situación. Como Estado, estamos velando por la propiedad del Estado y la privada”, recalcó finalmente.
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