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Denuncian «anomalías» en el desalojo de familias de las vías del tren en Tilcara

La situación por la que atraviesan tres familias de la ciudad de Tilcara, que resisten ser desalojadas por la policía de una zona por donde hará su paso el tren turístico solar próximamente, se mantiene a la espera de resoluciones judiciales por «falsas denuncias» de usurpación y por las «irregularidades» detectadas en el expediente.

Una abogada cuestionó la participación del jefe de la policía de Jujuy, Héctor Herbas Mejías, por pedir una prórroga para cumplir con el desalojo de las familias antes de que empiece a circular el tren cuyo viaje inaugural será desde Volcán a Tumbaya este jueves.

La petición del policía al juez de Control N°3 Salvador Ortiz es para avanzar con el procedimiento ordenado por el Ministerio Público de la Acusación apoyado en denuncias de usurpación contra los habitantes, cuya mayoría aceptó ser reubicada tras recibir «presiones y hostigamientos por parte de funcionarios», denunciaron.

INFORME Y SOLICITUD DE PRORROGA JUEZ DE CONTROL...

«Después de haber interpuesto varios recursos seguimos en alerta, porque hay cosas inéditas. Ayer me notificaron del informe y un pedido de desalojo ampliatorio solicitado por Herbas Mejías. Ahora tengo que discutir con la Policía de Jujuy, no con abogados ni fiscales», expresó la abogada Alejandra Cejas que asumió la defensa de tres familias tilcareñas.

La letrada cuestionó la participación de la policía en cuestiones judiciales y no descartó interponer una acción «una vez que explique el juzgado por qué está ese informe y ese pedido de desalojo en el expediente», lo que demuestra «tal nivel de impunidad y corrupción que cualquiera se cree que pude entrar y decir cualquier cosa».

La semana pasada, mediante una cautelar, logró la suspensión del desalojo y que se fije una «audiencia de nulidad» para este jueves.

Ante el juzgado Cejas solicitó que se acredite la participación de Herbas Mejías en el expediente, y que «se rechace el informe y la nulidad del pedido debido a que no le fue notificada nunca» la medida de desalojo.

En el informe elevado por el jefe policial al juez, «no informa su cualidad para interponer un pedido de prórroga de desalojo» y que «es improcedente en tanto y en cuanto el mismo aparece firmado por un tercero ajeno a la causa sin justificación para solicitar cumplimiento de desalojo, que debe ser tramitado conforme lo establece el código procesal penal».

En respuesta, la abogada expuso al juez «las presiones del Estado provincial para desalojar a familias propietarias de sus viviendas, ya que poseen títulos obrantes por la ley 24.146, lo cual no marca un delito».

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También sostuvo que «el desalojo no es la vía idónea sin juicio previo» y que «no se puede atacar los derechos privados con pretextos de causa penales», lo que representa un acto «ilegal».

El fiscal Fernando Alancay, que había solicitado los desalojos por la supuesta «usurpación» de los vecinos, fue apartado por el juez de Control Roberto Assef tras ser denunciado penalmente de armar la causa en base a «denuncias falsas» formulada por Emiliano Rodríguez, coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial del Tren Jujuy-La Quiaca.

Cerca de 20 familias enfrentan este proceso de desocupación de viviendas en Tilcara, «de forma compulsiva», denunciaron los vecinos afectados, con la demolición de sus casas, para trasladarse hacia nuevos terrenos donde el Gobierno construyó soluciones habitacionales.

En el barrio Estación «solo restan dos o tres familias ocupantes para ser convencidas de retirarse por sus propios medios y voluntad y lograr la desocupación total del predio, siendo uno de los motivos para que no se haya cumplido acabadamente la presencia de muchos niños», refirió el jefe policial y pidió «arbitrar los medios necesarios a los fines de resguardar la integridad física tanto de los posibles ocupantes del inmueble usurpado».

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