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El periodista Diego Brancatelli encendió las alarmas en la red social X con un mensaje que rápidamente se viralizó: “URGENTE: ¿Dónde está Lázaro Báez? Se desconoce su paradero. Se lo llevaron de la Unidad N.º 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos sin previo aviso. Su abogado y su familia no saben dónde lo tienen”.
El posteo, acompañado por la copia de una presentación judicial firmada por la abogada Yanina Nicoletti, defensora de Báez, provocó una inmediata ola de reacciones políticas y mediáticas ante la posibilidad de un hecho de gravedad institucional.
Según el escrito presentado ante el Juzgado Federal a cargo del Dr. Néstor Guillermo Costabel, la defensa denunció que, al presentarse en la Unidad N.º 15 para entrevistarse con su cliente, el abogado Lucas Nicoletti fue informado por las autoridades del penal de que “el nombrado ya no se encontraba alojado en dicha unidad”. El documento añade que no se brindó información alguna sobre su actual paradero, y que la defensa no fue notificada oficialmente de un traslado ni del destino del interno, lo que constituye una irregularidad grave dentro del sistema penitenciario federal.
La presentación remarca que la situación “evoca prácticas propias de épocas que la República no puede repetir” y solicita la intervención urgente del juez, con habilitación de días y horas inhábiles, para que tanto el Juzgado Federal de Río Gallegos como el Servicio Penitenciario informen sobre el paradero de Báez.
URGENTE !
DONDE ESTÁ LAZARO BÁEZ ???
Se desconoce el paradero de Lázaro Báez.
Se lo llevaron de la Unidad N.º 15 del Servicio Penitenciario Federal, en Río Gallegos sin previo aviso.
Su abogado y su familia no saben donde lo tienen. Llamaron a otras unidades, hospitales y… pic.twitter.com/P8jyqoB6cM
— Diego Brancatelli (@diegobranca) October 18, 2025
En su exposición, la defensa recuerda además que se encuentra en trámite un habeas corpus (Expediente FCR 011287/2025) aún sin resolución firme, y que la propia Justicia había dispuesto que cualquier cambio de alojamiento debía ser previamente notificado y consensuado con la defensa, para “asegurar el contradictorio”. Sin embargo, ese procedimiento no habría sido respetado.
El caso generó inquietud no solo por la figura de Báez —empresario condenado por lavado de dinero y símbolo de las causas conocidas como “la ruta del dinero K”— sino también por las formas y el contexto político en que se produce este episodio. El gobierno de Javier Milei ha mostrado una fuerte tendencia a la concentración del poder en los aparatos de seguridad y a la desconfianza hacia los controles judiciales. Por eso, la denuncia de un traslado irregular, sin notificación y con paradero desconocido, remueve fantasmas de prácticas autoritarias que parecían superadas desde el retorno de la democracia.
Brancatelli subrayó en su posteo que allegados del empresario afirmaron: “están actuando como en los momentos más oscuros de nuestra historia”. La frase se expandió rápidamente, reflejando una preocupación que excede la situación personal del detenido y se proyecta sobre el respeto a las garantías constitucionales y los derechos humanos básicos de cualquier persona bajo custodia del Estado.
Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial del Servicio Penitenciario Federal ni del Ministerio de Justicia sobre el destino de Báez, lo que aumenta la incertidumbre. Desde el entorno de la defensa aseguran haber intentado comunicarse con distintas dependencias —otras unidades penitenciarias, hospitales y comisarías— sin obtener respuesta.
La opacidad del sistema penitenciario durante el actual gobierno ya había sido cuestionada en otras causas. Distintos organismos de derechos humanos vienen denunciando la falta de transparencia, el endurecimiento de las condiciones de detención y la ausencia de protocolos claros para los traslados de internos. Este caso, sin embargo, eleva la alarma a un nivel inédito, porque se trata de un preso de alto perfil cuya ubicación debería estar registrada en tiempo real en los sistemas oficiales.
Si se confirma que el traslado fue realizado sin orden judicial ni notificación, estaríamos frente a un precedente institucional de extrema gravedad, que pone en cuestión la legalidad de las actuaciones del Servicio Penitenciario Federal y la responsabilidad directa del Ministerio de Justicia y del propio Poder Ejecutivo.
Más allá de la figura polémica de Lázaro Báez, el centro de la discusión ya no es su culpabilidad o inocencia, sino la vigencia del Estado de Derecho. El derecho a la defensa, la comunicación con su abogado y el conocimiento de su paradero son garantías que la Constitución Nacional reconoce incluso a los condenados. Si se quebrantan esos derechos, se rompe un principio fundante de la democracia: ningún detenido puede ser sustraído del control judicial.
Mientras la Justicia decide intervenir o no de inmediato, la denuncia de la defensa y el eco público del mensaje de Brancatelli configuran un nuevo frente de conflicto entre los sectores del oficialismo y quienes advierten sobre un retroceso autoritario en materia de derechos y garantías.
La pregunta que hoy resuena, con una mezcla de desconcierto y temor, es la misma que viralizó el periodista: ¿Dónde está Lázaro Báez?
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