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La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos denunció hoy que el Gobierno de Jujuy «viola sistemáticamente los derechos humanos», al presentar los resultados de un relevamiento realizado en la provincia entre el 9 y el 11 de octubre último, y que recopiló casos de violencia policial, de expedientes judiciales armados y hasta de desaparición de personas durante la pandemia.
Esas denuncias quedaron contenidas en el informe «Derechos Humanos en Jujuy, Una herida que sangra en la región», presentado este jueves por la comisión en un encuentro del que participaron algunos referentes en forma virtual, como la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala; el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, entre otros, mientras un grupo asistió a la sede porteña de la CTA Autónoma.
«El objetivo de esta Comisión de Solidaridad con los Pueblos es poner de manifiesto que el problema en Jujuy es que hay un Gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos y dar a conocer este informe a legisladores nacionales, jueces y organizaciones internacionales», marcó el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, Pablo Pimentel.
El relevamiento
El informe presenta un relevamiento que involucra a unos 43 hogares de Jujuy, donde se clasificaron los delitos cometidos por parte del Estado provincial según su gravedad institucional.
Se realizó un abordaje territorial durante los días 9, 10 y 11 de octubre de este año, en el que 16 integrantes de la comisión recabaron denuncias por violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, violencia policial, inoperatividad del Poder Judicial, impunidad estatal, privación del usufructo del espacio público, expedientes judiciales «armados», persecución a militantes políticos, ausencia de división de poderes e, incluso, desaparición de personas durante la pandemia.
El informe fue hecho en conjunto por organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, políticas y sindicales, y se presentó este miércoles en una transmisión por YouTube.
Vulneraciones
Durante la lectura del informe representantes de la comisión destacaron el «hostigamiento constante» a las presas políticas Milagro Sala, Graciela López, Patricia Cabana, María Sandra Condori y Adriana Noemí Condori; denunciaron a la empresa Ingenio Ledesma como «generadora de cáncer y apropiadora de tierras», y apuntaron contra el Gobierno provincial por no respetar las leyes que regulan y defienden a las comunidades indígenas y tampoco garantizar su acceso a la salud y la educación.
En ese sentido, el exsecretario general del sindicato de azucareros de Ledesma Rafael Vargas detalló que el ingenio fue denunciado durante la pandemia porque hubo «18 compañeros fallecidos y 498 casos positivos» de covid-19 en la planta azucarera. «Nunca fueron capaces de indagar quiénes mandaron a trabajar con síntomas a los compañeros, el poder económico es cómplice del Gobierno», advirtió.
La referente de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, resaltó la importancia de denunciar el «avasallamiento de los derechos humanos», como una forma de detener ese tipo de prácticas, y expresó: «No tenemos que permitir el odio. El gobierno de Jujuy hace años que está abusando de su poder de manera obscena, abiertamente, violando los derechos humanos».
La diputada provincial Alejandra Cejas aseguró que «desde que asumió (el gobernador) Gerardo Morales, la vida de Jujuy cambió» y planteó que «todas las semanas» se asiste a «una nueva restricción de derechos humanos, saqueo de tierras, vulneración de nuestro estilo de vida». Mencionó como ejemplo la privatización del Cerro de los Siete Colores, en Purmamarca, mediante la firma de un contrato «con Estados Unidos para la explotación de ese territorio».
La legisladora aseguró que el gobernador encabeza «cacerías de dirigentes» y ordena la «militarización de espacios verdes», y recordó que el ministro de Seguridad de la provincia es un gendarme retirado que estuvo en la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.
«Están armando un narco-Estado; se burlan de la democracia», dijo por su parte, Milagro Sala, quien alertó que las «grandes tabacaleras siguen recibiendo subsidios pero ahora plantan marihuana».
Denunció que durante el Gobierno de Mauricio Macri se entregó dinero a la provincia «para hacer viviendas», pero «esa plata desapareció».
A su turno, el dirigente social Juan Grabois recordó el nacimiento de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos, a partir del golpe de Estado en Bolivia, durante noviembre de 2019, y lo relacionó con la situación actual de Jujuy: «El golpe de Bolivia y la situación de Jujuy están muy involucradas porque es una zona de intereses políticos estratégica», aseguró.
«Gerardo Morales no es un señor enojado con Milagro (Sala): es parte de una estrategia política en la región, de avasallamiento de los pueblos y esa estrategia requiere una actitud tremendamente represiva», reflexionó.
Por su parte, el nobel Pérez Esquivel opinó que el «Poder Judicial está sometido al poder político» y advirtió que «no hay independencia y se daña la construcción democrática» en la provincia. «Tenemos que ir a la ofensiva, la movilización del pueblo, la solidaridad internacional, la denuncia», concluyó.
Para finalizar, el impulsor de la creación del texto, Pimentel, expresó: «Pretendemos que con este informe no se sienta solo ningún jujeño, ningún vendedor ambulante, ningún trabajador del Estado, ningún artesano, ningún preso político, ningún trabajador del azúcar. Hay que buscar el sentido político de este informe para que tenga incidencia y se revierta la situación. Los derechos humanos se defienden o se violan, no hay término medio».
