Denuncian penalmente al gobierno provincial por el violento desalojo de Los Alisos 

Diputados provinciales denunciaron penalmente al Estado provincial por la «violencia extrema» con que se llevó adelante el martes el desalojo de la comunidad Tusca Pacha en Los Alisos. La presentación se hizo en la Brigada de Investigaciones y en las próximas horas realizarán una ampliación de la denuncia.

La diputada Alejandra Cejas (Frente de Todos-PJ) dio detalles en una conferencia de prensa que compartió con sus pares Fátima Tisera y Emanuel Martín Palmieri, acompañando a integrantes de la comunidad. Estuvieron también la concejala capitalina Lorena Alfaro y el delegado del Inadi Jujuy, Walter Méndez.

«La policía llegó con el pelotón de combate, que es la división que actúa en casos de violencia extrema, con rifles, chalecos, armaduras. Con una beligerancia que nunca vi antes. Y sin advertir que iban a ingresar al predio, empezaron a disparar», relató Cejas, y mostró los cartuchos recogidos en el lugar durante la represión, que fueron aportados también al momento de hacer la denuncia.

En esta línea, la legisladora confirmó que iniciarán acciones legales contra el gobierno provincial «porque sabiendo que estábamos nosotros, representantes del pueblo, que fuimos a pedir que se hiciera de manera ordenada, entraron disparando sin que haya un acto de violencia extrema por parte de los que estábamos ahí, charlando».

Por su parte, Martín Palmieri desafió: «Que nos desmienta el fiscal, si puede. Dijimos que estábamos ahí para hacer un procedimiento en paz y garantizar la seguridad de las personas, no para discutir la legalidad o ilegalidad. Cuando llegamos había sembradíos y vacas. Nos consta porque llegamos ahí y quedamos en la línea de fuego. No hubo ni un ataque, no voló ni una piedra por parte de la comunidad Tusca Pacha, sino que llegó la policía disparando, con la cara tapada. Nos encontramos con la comunidad pacífica, mujeres, niños, y terminó todo con un niño herido por un tiro, diputadas golpeadas. Lo único que lograron es gente sin casa y animales sueltos».

«La policía de Gerardo Morales actuó en defensa de un interés privado de una inmobiliaria vinculada a un funcionario provincial, a la policía le pagamos para que nos cuide», afirmó Cejas, y agregó: «Nunca hemos visto que en un desalojo privado haya más de 70 efectivos policiales, ocho móviles, que se actúe con la violencia con que se actuó, que se dispare a ciudadanos indefensos, a legisladores provinciales y comunales. Nadie estaba en actitud de beligerancia».

En este sentido, relacionó el accionar policial con la represión en la marcha realizada en Palpalá hace tres semanas para repudiar el femicidio de Iara Rueda y reclamar por la aparición con vida de Gabriela Cruz, quien luego fue hallada asesinada.

«Allí la policía hizo exactamente lo mismo, disparó a mansalva contra gente indefensa», remarcó Cejas, y completó: «Esto es lo que venimos observando, actos de violencia extrema. Y esto obedece a un patrón que vamos a ir denunciando, porque no vamos a permitir que en democracia la policía actúe como fuerza represiva de nadie».

Juana Mamani, presidenta de la comunidad, relató las maniobras de la empresa de este miércoles, al día siguiente del violento desalojo. «Ayer a primera hora de la mañana la máquina de esta inmobiliaria avanzó con el desmonte, intentando golpear la segunda vivienda que está en el medio. Sacaron un limón, una lima, una palmera. Trataron de sacar un eucalipto de muchos años y le pedimos por favor que parara. Había niños, están ahí porque viven ahí. Hoy también, y está la policía rodeando el territorio comunitario».

Consultada sobre los dichos del ministro de Gobierno, Agustín Perassi, quien declaró que esas tierras son privadas, Mamani respondió: «Le soy sincera, nosotros somos gente de campo, no tenemos mucho tiempo. Dedicamos muchas horas a trabajar en el campo. No he podido ver lo que dijo Perassi, no he visto nada. Yo no sé si compró alguien. Sí puedo decir que hace más de 50 años que vivimos ahí. Yo tengo 50 años y vivo ahí desde el uso de mi conocimiento. Mis abuelos se dedicaron a la agricultura ahí. Tenemos huertas, nos dedicamos a la agricultura familiar. Hay cebolla, lechuga. Lo hacemos todos los años».

A las manifestaciones de Perassi también se refirió el diputado Martín Palmieri: «Sobre lo que dijo el exgobernador peronista y acutal funcionario radical Agustín Perassi, no nos sorprende porque sabemos los intereses que defiende, que no son los de su comunidad, como debe ser, sino los del gobernador. Hay que explicarle de leyes».

«Esta gente posee ese territorio -continuó-. Está en acto posesorio desde hace más de 50 años. Y la posesión vale por título, legalmente. La posesión no es ilegal, está regulada. Que quede claro: estuvimos ahí para garantizar la integridad física de las personas, estamos en contra de las tomas ilegales de tierras, pero de las ilegales. Eso no es lo que sucedió acá».

A su turno, la diputada Tisera advirtió: «Nosotros como diputados y concejales, donde sea, tenemos la obligación de estar presentes en estas situaciones para velar por la seguridad del pueblo. Así que no intenten tergiversar, diciendo que avalamos usurpaciones. Si tenemos que estar veinte veces más poniendo el cuerpo para defender al pueblo jujeño y a las comunidades originarias, lo vamos a hacer porque elegimos estar de este lado».

‘Piedra por piedra’

En el desalojo violento del martes se produjeron además cuatro detenciones. Una de las personas que permanecieron privadas de su libertad por varias horas es Anastasia García, funcionaria de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. En la conferencia de esta mañana, relató que ese organismo viene trabajando en la zona desde el año 2012. «Se hizo un trabajo colectivo territorial que incluyó a agrónomos, abogados, arquitectos. En 2014 se hizo un proceso de relevamiento en esa zona y se vio que todo el margen del río Los Alisos estaban habitados desde los años 50 y 60. Ahí se producen alimentos para subsistencia y se crían animales para consumo humano», detalló.

«En 2015, junto con la comunidad y la Secretaría de Derechos Humanos, el INTA y el IPAF NOA hicimos una propuesta legislativa que en ese momento presentó el concejal Pablo Palomares, y se declaró de interés municipal todo ese territorio. Ahí se daba cuenta de las posesiones públicas pacíficas e históricas de estas familias. Se declaró de interés porque es una zona de producción de alimentos de cercanía y es un pulmón verde para una ciudad totalmente contaminada», continuó.

García remarcó que la empresa Sucre conoce la realidad de las familias que habitan el lugar. «En el proyecto de la ordenanza está delimitada la zona y se incluye el territorio en conflicto. Después lo sacan de la ordenanza y hoy llega la empresa», reveló.

«Repudiamos los dichos del intendente Rubén Rivarola, que no se ha puesto siquiera a estudiar las ordenanzas que tiene que poner en vigencia, porque la municipalidad está obligada a dar condiciones dignas -aseveró García-. Estas familias viven sin acceso al agua porque se cuelgan de las mangueras, sin acceso a la luz porque se cuelgan de los cables, porque sistemáticamente las empresas les prohíben el acceso a los servicios de manera legal, a pesar de que han hecho presentaciones, porque se declara que esa zona es zona de riesgo. Pero estas familias trabajan en esa zona hace muchísimo tiempo porque ya no es de riesgo, a fuerza de levantar piedra por piedra hoy es una zona productiva y fértil».

Otro de los detenidos el martes es José Luis Fuentes Alcoba, quien también participó de la conferencia. Con la voz quebrada, relató: «Lo más grave es lo que hicieron con la gente que vive ahí, con los niños. Se pidió que esperaran a que lleguen los abogados y de pronto llegaron muchos policías, un pelotón armado. Nosotros tratamos de frenarlos para que escaparan las mujeres y los niños, pero no consideraron eso. Ellos son los violentos. Nosotros somos productores pacíficos».

Walter Méndez, delegado del Inadi Jujuy, explicó que su organismo se hizo presente porque «este gobierno es responsable de la violación de los derechos humanos y esto se manifestó en la violencia institucional ejercida». Señaló que «se sigue avasallando a un colectivo históricamente avasallado, como son las comunidades indígenas» y remarcó que «están trabajando, no tienen tiempo de enfrentar estrategias judiciales».

«Queremos dejar en claro que fue un acto de violencia institucional, una violación de los derechos humanos, como ya ocurrió con otras comunidades», dijo Méndez.