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Denuncian que el gobierno pretende avanzar con el negocio inmobiliario en el Dique La Ciénaga 

La Organización Campesina de los Perilagos (OCP) de El Carmen, junto a otras organizaciones sociales y gremiales, reafirmó su rechazo al proyecto del gobierno provincial que pretende lotear unas 3000 hectáreas en la zona del Dique La Ciénaga, afectando a un centenar de familias que viven en el lugar desde hace décadas y practican la agricultura y ganadería de subsistencia.

En la mañana de este miércoles, se dieron cita en el Ministerio de Ambiente de la Provincia para presentar sus observaciones y expresar el rechazo al proyecto que el gobierno denomina Ecoparque. Allí dieron además una conferencia de prensa.

El conflicto no es nuevo. El gobernador Gerardo Morales había presentado una iniciativa similar hace cerca de dos años. En esa oportunidad, había asegurado que en la zona se iba a establecer algo así como «un Villa Carlos Paz jujeño». El plan quedó suspendido cuando la OCP y el Movimiento Nacional Campesina Indigena (MNCI) presentaron un amparo colectivo ambiental pidiendo la nulidad de la ley 6049, por la que se desafectó la Reserva Natural de Los Diques.

Luis González, integrante de la OCP, explicó esta mañana a El Submarino Radio (91.5): «Nos convocamos para repudiar el accionar del gobierno que por medio de la Intendencia de los Diques primero y ahora con la Agencia de Desarrollo Sostenible quieren llevar adelante un negocio inmobiliario vendiendo territorios que están ocupados por familias campesinas que se dedican a la producción ganadera y el autosustento agrícola».

«Al gobierno no le importa nada», sintetizó González, y advirtió que las familias que habitan la zona están dispuestas a defender su forma de vida y de producción».

Además de impugnar el proyecto en su totalidad, la protesta se centró también en un aviso que publicó el gobierno en un diario de circulación provincial en el que convocaba a quienes tuvieran observaciones al Ecoparque. «No hizo ninguna consulta, ni una audiencia pública. El acceso a la información fue complicado y además nos dieron poco tiempo para preparar nuestra presentación», señaló González.

La preocupación es grande, porque los pobladores de la zona aseguran que hay personal de la ADS midiendo lotes, lo que interpretan como señales claras de la voluntad de avanzar, más allá de toda protesta, impugnación u observación que se hagan.

Anastasia García, integrante del MNCI, explicó: «El procedimiento que está llevando adelante la provincia es nulo de toda nulidad. La participación ciudadana para estos casos debería hacerse en audiencia pública que se desarrolle en el territorio en conflicto, y la realidad es que la provincia solo publica en el diario una convocatoria a presentar observaciones».

Sobre esa publicación también hay cosas para decir. «Se publicó tres veces pero llegamos a leerla una sola vez. Todos sabemos que se accede poco y nada a los diarios, sobre todo en lugares alejados del centro de la ciudad. Esa publicación no tiene validez porque no llega al territorio, a la gente afectada», afirmó García.

Otra de las impugnaciones se refiere a los estudios de impacto ambiental: «Están resumidos, y no dan cuenta de las consecuencias reales que va a tener este proyecto», indicó.

La zona en cuestión abarca una 3000 hectáreas, que anteriormente formaban parte del Área de Protección de Los Diques. Allí habitan un centenar de familias campesinas que viven de la tierra desde varias generaciones. Originalmente estaban en la zona que se inundó al construirse los diques, y fueron luego trasladadas adonde están ahora.

Sobre la perspectiva a futuro, García consideró que es poco probable que el gobierno pueda avanzar porque «este nuevo intento tienen las mismas irregularidades que el anterior, y no están reglamentando la ley que nosotros decimos que es inconstitucional, ni están llamando a audiencia poública».

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