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Unidad Carcelaria 3, Alto Comedero.

Denuncian que el régimen de aislamiento en Alto Comedero viola garantías constitucionales

Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala y los presos políticos de Jujuy y la organización Andhes denunciaron que en el penal de mujeres de Alto Comedero siguen funcionando las celdas de castigo, que implican un régimen de aislamiento violatorio de las garantías constitucionales y ponen en riesgo la salud y la integridad de las internas. La denuncia se dio a conocer luego de que Graciela López, referente de la Tupac Amaru que se encuentra alojada en la Unidad 3, fuera confinada el domingo por la noche a una celda de contención, como denominan a la celda de castigo en el Servicio Penitenciario.

López fue encerrada en ese lugar sin que se hubiera notificado a sus abogados, e incluso el lunes todavía no se había informado oficialmente por cuántos días se iba a aplicar el castigo. Finalmente, en la tarde del martes se levantó el castigo.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala y la organización Andhes emitieron un comunicado en el que expresan: “Esta vez pudimos hacer cesar rápidamente los excesos cometidos hacia las compañeras presas políticas, pero nos mantenemos en alerta para que los mismos no se sigan repitiendo”.

“Seguimos denunciando que en el Penal de Mujeres de Alto Comedero-Unidad III existen celdas de castigo, que implican un severo régimen de aislamiento a las que denominan celda de contención”, continúan.

Afirman más adelante que “el régimen disciplinario que allí se aplica resulta violatorio de garantías constitucionales básicas como el derecho a la defensa, ya que primero se impone el castigo y después se comunican los motivos de la sanción sin que las castigadas puedan ser escuchadas en su defensa”.

“Denunciamos que además esos castigos implican exponer a las mujeres a condiciones que exceden el disciplinamiento que implica un régimen carcelario. Por cuanto son expuestas a situaciones que agravan su condición poniendo en riesgo su salud y su integridad. Situaciones todas ellas reñidas con la normativa protectoria de derechos humanos al que adhiere nuestro Estado y que ningún funcionario, sea del poder ejecutivo o judicial debería desconocer”, agregan.

En este contexto, exigen la eliminación “de forma inmediata” de las celdas de castigo conocidas como “chancho” y que se resuelvan las solicitudes de prisión domiciliaria de las compañeras Patricia Cabana y Graciela López.

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