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Este viernes, el dirigente de la Tupac Amaru, Juan Manuel Esquivel presentó un hábeas corpus en el Juzgado de Control N°2 a cargo de Jorge Zurueta. Lo hizo tras tomar conocimiento que efectivos de la Brigada de Investigaciones realiza tareas de inteligencia ilegal en su contra y se presume que se trata del armado de una causa en su contra en el marco de la cacería que inició el gobernador Gerardo Morales desde que asumió en contra de los integrantes de la organización barrial.
Cuando falta poco para que se cumplan seis años de detención arbitraria de la dirigente social Milagro Sala (2.135 días detenida) y mientras aún también permanecen presos políticos otros siete dirigentes sociales que fueron privados de su libertad en el marco de la causa Pibes Villeros que aún se encuentra sin sentencia firme, el dirigente de la Tupac Amaru y ex diputado provincial, Juan Manuel Esquivel, tomó conocimiento que personal de la Brigada de Investigaciones de Jujuy realizó tareas de inteligencia en su contra en el barrio de la Tupac Amaru.
Según explicó el abogado Luis Paz, “personal policial vestido de civil recorrió distintas viviendas buscando personas para que denuncien al ex director de la institución educativa de la organización barrial como si hubiera entregado títulos apócrifos durante su gestión al frente de la escuela. Ya estamos acostumbrados en Jujuy a que el Ministerio Público de la Acusación arme causas en base a testimonios a todas luces falsos pero que utilizan como prueba suficiente para condenar a los dirigentes de nuestra organización social. Es lo que ha sucedido en la causa de los huevos, en la causa de las bombachas, en la causa Pibes Villeros y en todos y cada uno de los procesos que se han iniciado desde que Gerardo Morales tiene la suma del poder público en la provincia”, señaló.
En el escrito presentado ante el juez recordaron que desde el 16 de enero de 2016 “nuestra filiación ideológica se ha transformado en un obstáculo a los derechos y garantías más básicos del sistema constitucional que nos asisten. Privaciones de la libertad al margen de lo fijado por el sistema constitucional, transformando la manifestación social y la libertad de expresión en causas de detención; apartamiento del sistema de garantías penales con firme tendencia al derecho penal de enemigo, donde la razón de la persecución penal no radica en lo que uno hace, si no en lo que uno es y por su pertenencia ideológica; allanamientos de domicilio en horas de la noche, sin fundamento legal para tal excepcionalidad, con uso excesivo de la fuerza, realizados por grupos armados pasando por arriba de la intimidad y la honra”.
En ese contexto, Esquivel reclamó: “Como todo ciudadano pretendo seguir moviéndome en el marco del derecho y la legalidad y en el mismo sentido, pretendo que la justicia y sus mandatarios se ciñan al estricto cumplimiento de la Constitución y sus leyes”.
Y solicitó al juez que solicite un informe circunstanciado sobre los hechos tal como lo determina el Artículo 40º inciso 3 de la Constitución de Jujuy y que se ordene a la policía provincial cesar en la amenaza y restricción de nuestra libertad”.
