Denunciaron ante la CIDH al gobierno de Jujuy por la represión en Campo Verde

Los vecinos del barrio Campo Verde, apoyados por la Coordinadora contra la Represión y la Criminalización de la Protesta, presentaron una solicitud de audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el recrudecimiento de la violencia institucional en la provincia, tras lo ocurrido en el mes de marzo.

Los hechos puntuales que motivaron la denuncia son las represiones del 8 y 17 de marzo a los vecinos de Campo Verde que pretendían defender un espacio verde en el que el gobernador Gerardo Morales decidió construir una escuela.

El pedido de audiencia contempla más de 38 testimonios de vecinos del barrio que sufrieron situaciones represivas por parte de las fuerzas policiales durante el mes de marzo.

En dialogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Mauro Tabak, abogado de la Coordinadora contra la Represión y la Criminalización de la Protesta, explicó que la presentación ante la CIDH se gestó «a partir de las dos represiones que hubo en el barrio Campo Verde el 8 y el 17 de marzo, la segunda más grave, con un despliegue policial importante».

La denuncia fue presentada por más de 20 vecinos del barrio, en conjunto con organizaciones que componen la Coordinadora Contra la Represión y la Criminalización de la Protesta, entre los que están Andhes, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la CTA, AFAAJ, el FOL y la OLA.

-¿Qué dicen en la denuncia?

-La presentación se hizo ante la gravedad de la situación en Campo Verde, pero más en general es la continuidad de lo que se presentó en la CIDH en 2016 y 2017, ante la profundización de la represión en la provincia. También se especifica el hecho de que el Superior Tribunal de Justicia esté cooptado mayoritariamente por funcionarios afines al gobernador, en el último caso del ministro de Seguridad, Ekel Meyer. Es evidente que no hay ninguna posibilidad de una respuesta favorable dentro de la provincia. Inclusive considerando el informe que expidió la Secretaría de Derechos Humanos provincial, negando que en Campo Verde hubo represión y diciendo que los únicos que habían sido violentados eran los policías, cuando se ve cómo arrastran a la diputada Natalia Morales de los pelos, cómo increpan al abogado Huespe… Es muy grave toda la situación. Entonces se optó por la vía internacional para que habiliten una audiencia, que se estaría realizando en junio.

-¿Dónde se haría la audiencia?

-Habitualmente los denunciantes o la persona que solicita tenía que ir a Estados Unidos, que es donde está radicada la Comisión. Actualmente, algo a favor de la pandemia es que las audiencias se hacen de manera virtual. Esto permite que participen más personas y obviamente que los vecinos puedan expresarse en sus propias palabras, porque estarían impedidos de viajar por la cuestión económica, principalmente.

-¿Todavía falta que confirmen desde la CIDH?

-Tenemos que esperar que aprueben la petición y luego que fijen una fecha. Ellos tienen un cronograma de audiencias, y se haría en junio. Pero hay que esperar que lo habiliten. Igualmente es un paso importante, sobre todo para que se visibilice la situación y a ver si es posible que se haga un informe o algo de un organismo internacional, que pueda poner la lupa sobre lo que está ocurriendo en Jujuy.

-Además del caso Campo Verde, ¿denunciaron otros hechos?

-Nosotros hacemos una mención de represiones del último año solamente, y son muchos casos de represión. Están las represiones a choferes de colectivos en septiembre de 2020, ante un intento de tomas en Alto Comedero también en septiembre, un caso de violencia institucional como es la muerte de Ariel Valerian, que fue apaleado por la policía según denuncian los familiares y falleció al mes por los golpes sufridos, la represión policial en el marco del femicidio de Iara Rueda en Palpalá… Son muchísimos los casos. Además no solo denunciamos cómo se actúa de manera ilegal sino también las leyes sancionadas, como el Código Contravencional. Ponemos la lupa centralmente en el Código porque están llegando multas muy grandes contra todo aquel que intente protestar, que es un derecho. Hemos pasado por varios juicios ya. Los últimos fueron contra referentes de organizaciones sociales que les impusieron una multa de 90 mil pesos a cada uno. Es una locura.

Esta sería la tercera vez en estos años que Jujuy aparece en la agenda de la CIDH. Primero por Milagro Sala, después viajaron allá Acosta, Vargas, Tizón, a Washington, cuando se presentó que Jujuy había sido un laboratorio de represión y hostigamiento a opositores. ¿Es grave la situación?

-Sí, totalmente. Lo que sí me parece un paso adelante es que se están desarrollando espacios de coordinación entre organizaciones sociales, políticas, de DDHH, para intentar hacer una protección conjunta. Eso es lo más importante. Y trabajar en común con otros abogados, como es el caso de Andhes, para que se visibilice la situación y tratar de ponerle un coto. El tema es también que este año es electoral y en mi opinión creo que Morales inauguró la campaña por medio de la represión en Campo Verde, utilizándolo como un caso ejemplificador para todo aquel que intente pelear, ya sea por un espacio verde o por derechos laborales. Esa viene siendo la marca de agua del gobernador desde que empezó su gestión.
Nosotros de esta manera queremos al menos evidenciar lo que viene ocurriendo y sobre todo evidenciar también las instituciones que están acá, porque actúan además el Código Contravencional, el Superior Tribunal de Justicia y la tercera pata es el Ministerio Público de la Acusación. Está todo absolutamente cooptado. Las causas que se arman, viene todo desde el Ejecutivo. Hay que ponerle un freno. Es por medio de estas presentaciones que lo queremos evidenciar, pero también es con la movilización en las calles.

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