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Por Soledad Vallejos, en Página/12. Una ONG denunció penalmente por prevaricato a la jueza de feria Marta Aucar de Trotti, la magistrada chaqueña que concedió la cautelar solicitada por activistas antiderechos para suspender en la provincia la aplicación de la la Ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
La presentación se realizó en Resistencia, ante la fiscalía de turno, ante la cual Teresa Bosio, en tanto presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) reclamó que se habilite la feria porque la cautelar concedida en Chaco reviste «gravedad institucional», detalló una de las abogadas involucradas en la redacción de la denuncia.
Por el tipo penal, a Aucar le podría caber una sentencia que implique, además de multa, inhablitación.
En tanto, el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, reafirmó que en la provincia se cumplirá con la norma que habilita la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y lo dijo de manera taxativa: «La ley se tiene que aplicar». Recién poco antes del mediodía del viernes el gobierno provincial fue notificado de la resolución, que ayer circuló profusamente por vías informales.
Una denuncia urgente
La denuncia contra la jueza es «urgente», indicó la abogada. Aucar «se está atribuyendo funciones que, en principio, no son del Poder Legislativo, porque ella se atribuyó la potestad de legislar para todos y suspender en toda la provincia del Chaco la aplicación de la ley». La jueza «ejerce funciones que no le corresponden y frena una ley detalló de implementación urgente: hay urgencia en salud pública», señaló la letrada. La cautelar, además, al suspender la aplicación de la ley en una provincia, genera desigualdad entre las personas gestantes en Argentina, porque «en otras provincias sí pueden acceder a la IVE y en Chaco no».
«El fallo (de Aucar) carece de argumentos, copia y pega la presentación del amparo. No hay desarrollo técnico», observó la abogada. De todos modos, evaluó que «lo más preocupante de la situación es que además de dictar una resolución para todo el mundo, se toma atribuciones federales, porque las cuestiones de salud pública son federales. Sin embargo, ella es jueza provincial y falla en relación a eso».
La letrada también subrayó que la cautelar fue concedida sin que la jueza evaluara y determinara la «legitimación activa» de quienes se presentaron y la requirieron. «Ella no hizo el control para saber si quienes lo pidieron estaban legitimados a presentarse en nombre del pueblo chaqueño. Y sin embargo a ese pedido, elevado por personas que no representan a nadie, se les hace lugar», señaló.
Capitanich hizo su declaración poco antes del mediodía, cuando la justicia de Chaco notificó al gobierno provincial la cautelar por la cual la magistrada de feria Marta Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 19, ordenó suspender la aplicación de la ley de IVE, algo que había solicitado un grupo de activistas anti-ampliación de derechos.
Diversas fuentes provinciales confirmaron a este diario que el gobierno de la provincia recurrirá la decisión, algo que, paradójicamente, terminará por volver efectiva la suspensión de la ley. Por la mañana, antes del trámite de notificación, el gobernador Jorge Capitanich había advertido que su gobierno debe “ejecutar una ley que se sancionó por parte del Congreso y que es de orden público”.
La IVE “es ley suprema de la Nación, de manera que cuando es ley de la Nación hay competencia federal y aplicación” y “las leyes deben ser cumplidas”, añadió.
Capitanich señaló que la decisión de no aplicar una ley «requiere el respeto a la división de poderes, que nosotros lo vamos a evaluar, pero lo que queda claro es que yo siempre he manifestado lo mismo: tengo una posición contraria a la ley, pero es ley suprema de la Nación, de manera que cuando es ley de la Nación hay competencia federal y aplicación”.
En tanto se trata de una norma «federal de alcance nacional, tenemos que regirnos por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Como gobernadores somos agentes del gobierno federal y tenemos que respetar la Constitución y las leyes supremas que garantizan su ejercicio desde el punto de vista constitucional”, explicó.
«La ley se tiene que aplicar. Si hay una manda judicial deberá evaluarse el proceso. Mientras ocurre el proceso nosotros vamos a evaluar su aplicación”, señaló. Luego de la notificación formal de la decisión judicial, algo que sucedió recién hoy a las 11.40 de la mañana, el gobierno provincial debe «tener el dictamen correspondiente de todas las áreas pertinentes». Luego, es necesario «el protocolo de aplicación conforme a la normativa vigente a nivel nacional y, cuarto, tenemos que ejecutar una ley que se sancionó por parte del Congreso y que es de orden público”.
La ofensiva celeste
La de Chaco es la primera de las presentaciones contra el derecho a decidir que logra cierto eco favorable, pero no es la única acción que lleva adelante el activismo anti ESI, anti perspectiva de género, anti derechos de la diversidad y anti derecho al aborto.
Entre la semana pasada y esta, en Catamarca y en San Juan hubo al menos otros dos intentos de obstaculizar por la vía del litigio, o de la presión política, lo que no pudieron trabar en el trámite legislativo llevado adelante en el Congreso de la Nación.
En Catamarca, la «psicóloga perinatal» Roxana Díaz Vergara, en nombre de la «Asociación de Mujeres en Ayuda Mutua», envió una carta documento al gobernador Raúl Jalil para exigirle que evitara la entrada en vigencia de la Ley 27610. García Vergara, quien como psicóloga en la maternidad provincial fue sumariada, se presentó como «como representante de todos los catamarqueños» y reclamó que Jalil hiciera prevalecer la Constitución Provincial, «que de modo explícito y lejos de cualquier criterio interpretativo, otorga a las mujeres el derecho ‘a la protección y asistencia integral de la maternidad, a la compatibilización de su misión de madre y ama de casa con su actividad laboral’ (…) y a los niños ‘el derecho a la vida, desde su concepción'».
Algunas de esas ideas había mencionado en 2018, cuando expuso ante las comisiones de Diputados primero, y de Senado después, que trataban el proyecto de legalización del aborto.
El 27 de enero, la agrupación «Somos Más Catamarca», que inauguró 2021 con publicaciones amenazantes contra legisladores nacionales catamarqueños que votaron a favor de la ley de IVE, sumó su propia carta documento al gobernador. El texto contra la ley «que regula el aborto libre en Argentina» fue firmado por Ileana Yanina Labatte Ale, militante celeste local, «en carácter de ciudadana y referente de la Agrupación Pro Vida Somos Más Catamarca».
En tierra cuyana, la ofensiva estuvo a cargo de «Abogados por la Vida San Juan», que accionó dos días después de que la cirujana plástica Inés Garcés renunció a la dirección ejecutiva del Hospital Marcial Quiroga en protesta por la entrada en vigencia de la ley de IVE. En acción aparte, la agrupación presento al gobernador Sergio Uñac una nota en la que pidió que no se implemente en la provincia la Ley 27.610, dado que, aseguró, «San Juan es en su mayoría Pro-vida y así se manifestaron los sanjuaninos en las encuestas y en cada votación de los legisladores, salvo uno».
Esos textos, quizá más concebidos como posicionamientos públicos y declarativos de cara al año electoral que como intervenciones con peso legal y efectivo, se sumaron a intentos previos realizados en Salta. Se trató de dos presentaciones judiciales, ya rechazadas, que estuvieron a cargo de la ex senadora nacional y actual diputada provincial Cristina Fiore. La legisladora local preside el Partido Renovador local y es, además, armadora de la «Red de Legisladores por la Vida», que busca sumar voluntades legisladores de instancias locales, provinciales y nacionales para activar por la vía judicial en contra de la agenda de garantías de derechos.
