Denuncias contra el gobierno de Jujuy: “Esto es lo más parecido a la dictadura”

Una comisión integrada por representantes de organismos de derechos humanos, legisladores nacionales y provinciales, se reunió para recibir denuncias de hechos de violencia institucional, persecución y hostigamiento por parte del gobierno de Gerardo Morales. Entre otros, estuvieron las diputadas nacionales, Myriam Bregman, Josefina González y Araceli Ferreyra, el legislador provincial del Frente Unidos y Organizados (Fuyo) Juan Manue Esquivel y su par de Neuquén Raúl Godoy.

Durante toda la tarde del viernes, la Comisión de Organismos de Derechos Humanos y Diputados en Jujuy recibió las denuncias de integrantes de la comunidad aborigen de La Quebrada, que expusieron sobre la ley de servidumbre que rige en la provincia; de trabajadores de los ingenios Ledesma y La Esperanza; delegados de Aceros Zapla; jóvenes víctimas de la represión policial en la localidad de San Pablo de Reyes, y trabajadoras de Agricultura Familiar (ATE-Jujuy).

“Esta jornada nos impactó a todos. Veníamos esperando escuchar una situación difícil pero lo que está pasando en Jujuy supera cualquier suposición o conocimiento que uno pueda tener”, aseguró Bregman al cierre del encuentro, que tuvo como consigna «Jujuy: capital del ajuste, la represión y la criminalización de la protesta».

Integrantes de la Tupac Amaru, familiares de Milagro Sala y los otros presos políticos de la organización barrial también denunciaron persecuciones, amenazas y allanamientos ilegales en los que se destrozaron todas sus pertenencias.

También se hicieron presentes jóvenes víctimas de violencia institucional que fueron detenidos la semana pasada en San Pablo de Reyes por “portación de cara”.

Uno de los testimonios que más impactaron a la comitiva fue el de Anacleto Lamas, integrante de una comunidad de originaria que fue torturado por la policía en Humahuaca. Desde hace 8 meses realiza denuncias en todos los organismos oficiales sin obtener respuesta.

En conferencia de prensa, al finalizar, Bregman expresó: “Hemos escuchado una amplia gama de violaciones a los derechos humanos. Se conoce a nivel nacional lo que es la detención ilegal de Milagro Sala y los demás militantes de la organización que están detenidos en esta provincia, y se conoce menos de lo que dijimos algunos cuando la detuvieron a Milagro: que ese era solo el inicio de un ataque al movimiento obrero y popular de la provincia. Esto lo está cumpliendo el gobernador de Jujuy a rajatabla”.

Luego recordó la carta que ella misma recibió día atrás por parte de Carlos Blaquier a través del representante legal de la empresa Ledesma. “Me exigían que no vuelva a decir que ellos están impunes. Después de todo lo que escuché acá, decir que están impunes es poco. Están impunes, tienen el poder y siguen oprimiendo esta provincia como lo vienen haciendo desde la dictadura”, señaló.

Por su parte, la diputada nacional del Peronismo para La Victoria – Movimiento Evita, Araceli Ferreyra, denunció que apenas arribaron a la provincia fueron sometidos por parte de la policía aeroportuaria a “un control vehículo por vehículo que nunca jamás vi en ningún aeropuerto ni en ningún lugar del país, y eso es responsabilidad de la ministra Bullrich”.

Y continuó: “Después estábamos con compañeros de acá tomando un café y estaban la Brigada y la Infantería, que es la fuerza de choque que usa Morales. Vamos a hacer la denuncia y responsabilizamos al gobernador y a la ministra por esta violación de los fueros que como legisladores tenemos, y que no son para eludir la acción de la justicia sino que los fueros sirven para ponerse al lado del pueblo y sus necesidades”.

“Esto que nos toca a nosotros en un día es lo que están padeciendo en Jujuy cotidianamente”, agregó la diputada.

“Eso que viví en la dictadura me duele terriblemente porque es lo que ustedes han estado contando acá y nos pasa en democracia. Es inadmisible. Ese Nunca Más que dijimos también lo tenemos que aplicar. Nunca más Gerardo Morales puede seguir haciendo con los jujeños lo que quiere, con los trabajadores, los estudiantes, lo que contaban los compañeros de los pueblos originarios por estar con una bolsa de verdura podrida para hacer abono, que es la única forma de terminar con unos manguitos al final del día, golpeados una y otra vez sin que nadie haga nada sino, por el contrario, ensañándose con ellos”, aseveró.

Juan Manuel Esquivel agradeció la presencia de la comitiva en “este verdadero teatro de operaciones de represión, del ajuste, de la pobreza y de la marginalidad”. Tras dar cuenta de la “valentía” de quienes se acercaron a la actividad para realizar las distintas denuncias, dio a conocer un hecho del que fue víctima el jueves una integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala, que “ha sido objeto de un apremio por parte de la policía porque le han robado solamente la computadora y le han dado vuelta toda la casa, hace unas horas, exactamente cuando estábamos dando una vuelta en Plaza Belgrano por la libertad de los presos políticos en Jujuy”, señaló.

Luz Palma Zaldua, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que “el gobernador Gerardo Morales tiene una justicia adaptada a los intereses y a las necesidades del poder político”.

En ese marco indicó: “No tenemos ninguna duda de que la detención de Milagro Sala y los otros compañeros y compañeras de la agrupación Tupac Amaru y la persecución de referentes sociales de otras organizaciones claramente está impulsada por el gobierno provincial y está sostenida por la justicia jujeña».

Recordó que con Andhes y Amnistía Internacional han llevado el caso de Milagro a dos escenarios internacionales: la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. «El movimiento de Derechos Humanos tiene una historia de denuncia internacional cuando desde la justicia local no se han podido restablecer los derechos y me parece que esas herramientas tienen que seguir siendo utilizadas hoy”, dijo.

También participaron María Laura Bretal, de Justicia Ya y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención La Cacha; Graciela Rosemblum, de la Liga Argentina Por los Derechos del Hombre; Norma Rios y Ángela Caredela, de APDH; Nilda Eloy, Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos; Sara Velazquez, de Familiares de Ex Detenidos de Jujuy; Ines Peña, de Madres y Familiares de Ex Detenidos de Jujuy; Miguel Farias, de ex detenidos de Ledesma; Luis Paz y Paula Álvarez Carreras, abogados de Milagro Sala y María José Castillo, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, entre otros.