Descreen de la explicación oficial sobre los desmontes en la zona de los Perilagos

Frente a actividades de desmonte que se detectaron en la zona de los Diques, representantes de la Organización Campesina de los Perilagos le pidieron explicaciones al coordinador administrativo contable de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques en El Carmen, Juan Carlos Contreras, quien les aseguró que se trata solo de «tareas de limpieza de caminos vecinales». La OCP consideró «llamativa» la respuesta, y advirtió que se mantienen alertas puesto que hay un amparo ambiental y colectivo que debe ser aún resuelto por el Superior Tribunal de Justicia.

La OCP, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), calificó de «llamativo» el interés del gobierno en ensanchar con topadoras caminos vecinales donde habitan menos de diez familias, «cuando nunca se han ocupado de arreglar el camino del Paraje Los Naranjos, donde se concentra la mayor población de la zona».

Anastasia García, integrante de la organización Tierra Fértil-MNCI, relató en diálogo con El Submarino Radio (91.5): «Ayer estuvimos con compañeros caminando la zona donde la Agencia de Desarrollo de los Diques, que es una oficina del gobierno provincial, inició trabajos con una cuadrilla de macheteros».

Lo primero que hicieron, al detectar los trabajos, fue pedir una reunión con el presidente de la Agencia, Víctor Hugo González, quien no los atendió. Sí lo hizo Contreras, quien les aseguró que los trabajos consisten en un mejoramiento de los caminos vecinales, para mejorar la circulación, y que están a cargo de Vialidad de la Provincia.

«Nosotros no bajamos la alerta hasta no comprobar que se trata solo de eso», advirtió García.

La cuestión es que el gobierno provincial «no puede mover ningún palo en el monte, no puede hacer ninguna tarea hasta tanto no reglamente la ley que está siendo cuestionada en el Superior Tribunal de Justicia», continuó.

Al momento en que se detectaron los movimientos, se pudo comprobar que trabajaron a los costados del camino, a lo largo de unos 500 metros. «Ellos dicen que van a meter una máquina para emparejar y enripiar, pero nosotros vamos a estar atentos para ver si es solamente un trabajo de mejora del camino o en el fondo hay otras intenciones.

La intervención de las organizaciones detuvo los movimientos, por lo que, al menos hasta ahora, los árboles más grandes siguen en pie.

En un comunicado, recordaron: «Como Organización mantenemos el alerta ante los movimientos del gobierno provincial ya que tenemos un amparo ambiental y colectivo esperando resolución en el Superior Tribunal de Justicia».

Señalaron además que «para avanzar con sus intentos de llevar adelante negocios inmobiliarios en nuestro territorio, la inconstitucional Ley 6.049 debería estar reglamentada», y que para desarrollar cualquier actividad en la zona, la provincia debe iniciar un trámite administrativo que incluye estudios de impacto ambiental, audiencias y consultas públicas previas, según constan en las audiencias judiciales realizadas en el marco del amparo.

«Como Movimiento Nacional Campesino Indígena repudiamos todo tipo de actividad que atente contra el estilo de vida en el territorio de las familias campesino-gauchas y que ponga en peligro la biodiversidad biológica natural de la zona», afirmaron.

El amparo

«Nosotros presentamos un amparo colectivo y ambiental para que se declare inconstitucional la ley que habilita a la provincia a cambiar el uso del suelo, que deje de ser una reserva natural para pasar a ser una tierra plausible de ser habitable y entregarla así a un negocio inmobiliario», repasó García.

Con el pedido de inconstitucionalidad aún no resuelto, el Estado provincial tuvo que reconocer que todo el proceso administrativo que se llevó adelante, desde el informe de impacto ambiental hasta la audiencia pública, fue nulo. Por lo tanto, el proyecto de los Perilagos, que según el gobernador Gerardo Morales transformaría la zona en una «Villa Carlos Paz jujeña», está en cero.

«Hoy por hoy la ley está en vigencia, pero no pueden avanzar con ninguna obra en el territorio porque la ley no está reglamentada. Cuando eso pase, tienen que iniciar de cero un proceso administrativo que incluye estudios de impacto ambiental y también del aspecto social, que no estaba en el otro informe, considerando a las familias que viven en el territorio. Y también tienen que hacer una audiencia pública, con toda la difusión y en el lugar que corresponde para hacerse, y allí estaremos nosotros al pie del cañón viendo si los procedimientos se reglamentan bien», explicó García.

«Mientras tanto, no permitimos mover ni una piedra en el lugar», aseveró.

-¿Creen que la justicia les va a dar la razón?

-No, no tenemos expectativas, pero vamos a apelar a la justicia federal. Sabemos que el gobierno provincial tiene su justicia propia, que es una de sus herramientas. Entonces aspiramos a saltar a una instancia nacional, en una justicia que no esté entregada al negocio inmobiliario que se está intentando hacer en la provincia y pueda ver con más objetividad esta situación.

-¿Cómo está la situación en la zona? 

-En el territorio, las familias están viviendo sin problemas, pero están todo el tiempo alertas situaciones como las de ayer. Esperamos que puedan vivir tranquilamente, que la gente de Desarrollo no las persiga, porque también generan persecución a las familias diciéndoles que no pueden sembrar su maíz, que no pueden mejorar su alambrado. Están todo el tiempo hostigándolas con notas a las que nosotros estamos permanentemente respondiendo o tratando de ignorar.

El gobierno suspendió el proyecto inmobiliario en los Perilagos por un amparo ambiental