Familias campesinas rechazan un proyecto inmobiliario en la zona de los diques

El gobierno de Jujuy llevó a cabo hoy una audiencia pública para discutir el desarrollo de un proyecto hotelero e inmobiliario en la zona de los diques en la ciudad de El Carmen y la iniciativa generó rechazo entre las organizaciones de familias campesinas que habitan la región.

En el encuentro en la Casa de la Cultura de la ciudad, las autoridades provinciales presentaron la propuesta que prevé facilitar la entrega de las obras a personas o firmas privadas.

Se trata del «Proyecto Integral de Servicios y Alojamiento con Fines turísticos y Desarrollo Inmobiliario» que tiene como premisa la construcción de al menos cuatro torres de departamentos de 6 a 8 pisos, un complejo hotelero, espacios semipúblicos recreativos, a lo largo de seis hectáreas lindantes al Dique La Ciénaga, a unos 27 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Las familias que practican la agricultura y ganadería familiar advirtieron sobre la «privatización» del sitio, los «desmontes» en la zona, alertaron sobre los riesgos de expulsar «los desechos cloacales» sobre los espejos de agua además de desplazar a los animales que pastorean en la zona y así también a los pobladores.

«Se busca potenciar el turismo en los Valles como en San Salvador, donde se construye el hotel Amerian y con la misma dinámica estamos impulsando la idea en El Carmen», explicó el secretario de Planificación de Infraestructura de Jujuy, Ramiro Tejeda.

Para el funcionario provincial, «hablamos de la posibilidad de trabajo tanto en el desarrollo de la mano de obra por la construcción por parte de una firma privada y el funcionamiento del emprendimiento» y aseguró que «la cuestión ambiental está contemplada en los informes realizados».

Por su parte, Jorge Escalante, quien tuvo a su cargo el estudio de impacto ambiental, señaló que «se cumplió con las normativas en el marco de proyectos de urbanización y hoteleros que se requiere en la provincia».

Además, dijo que desde «el punto de vista ambiental, la pérdida de cobertura vegetal y el cambio del escenario visual» se pueden solucionar una vez emplazadas las construcciones previstas en la zona, dijo en relación a un estudio de más de 200 páginas.

El conflicto se mantiene desde 2018 cuando el Gobierno jujeño impulsó un megaproyecto en la zona de los Perilagos y, tras resoluciones de la Justicia, fueron achicando la propuesta hasta la actual, que se limita a 6 hectáreas y tampoco tiene la adhesión de los campesinos.

Durante la audiencia, múltiples integrantes de la Organización Campesina de los Perilagos defendieron sus argumentos para rechazar la «privatización» del espacio.

La joven Florencia González, que forma parte de la cuarta generación de familia campesina en la zona, contó que «ya son más de cuatro los proyectos que el Gobierno intenta implementar para privatizar y destruir la zona bajo el discurso de progreso».

La activista analizó que el estudio de impacto ambiental «se presenta violentando a las familias campesinas, porque no tiene en cuenta el pastoreo, el ciudadano de bosques nativos y montes que vemos en peligro».

González dijo además que la zona donde se pretende construir, «es uno de los pulmones verdes que tenemos en la región por lo cual nos oponemos».

A su vez, Lorena Mamani, también oriunda de la zona, criticó «el escaso tiempo para socializar el proyecto hotelero-inmobiliario» y recordó diferentes desalojos que se dieron a lo largo de la historia «con la excusa de nuevos proyectos».

«¿Para quién gestionan, para la gente de la zona o la gente de tiene poder?», se preguntó ante las autoridades presentes.

Gisela Fabiana Cisneros, otra de las mujeres que tomó la palabra, dijo que la titularidad del proyecto «está a cargo del gobernador Gerardo Morales, quien busca generar recursos económicos para un grupo selecto y no para la mayoría de los campesinos».

A su vez, recordó que «desde 2020 permanece un recurso de inconstitucionalidad que debe resolver la Corte Suprema de la Nación, debido a que la región era considerada una reserva natural, y luego el Gobierno y la Legislatura cambiaron esa figura».

A su turno, la abogada Alejandra Cejas manifestó que «nadie explica que va a pasar con el agua al tiempo que sostuvo «estamos frente a un problema solo porque se quiere hacer negocios con tierras ajenas, con fines ocultos e ilegales».

También Andrés Deymonaz, integrante del colectivo campesino, dijo que «si bien es un proyecto en una franja estrecha a la vera del dique la Ciénaga, creemos que luego se va avanzar en toda la extensión de los Perilagos».

Al cuestionar el estudio de impacto ambiental, dijo que «se sigue pensando en desplazar a las familias campesinas» y advirtió que «a a haber pérdida de biodiversidad y paisajes y el espacio se va a convertir en un lugar exclusivo para algunas personas».

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