Desde su prisión domiciliaria, Nallar denunció «la indefensión absoluta de los jujeños» 

El abogado Alberto Nallar, detenido el jueves y actualmente en prisión domiciliaria, difundió un video en el que pidió “disculpas” por no poder seguir asesorando sobre “los mecanismos jurídicos que existen para defender los derechos”.

En un breve mensaje, recordó que estaba asesorando a las comunidades “sobre el derecho a efectuar el reclamo público por los atropellos que sufren por parte del gobierno de Jujuy” y también sobre “vías alternativas” ante la sanción de una Constitución “violatoria de la Constitución nacional y tratados internacionales”.

Dijo que su detención fue una “maniobra” para evitar ese asesoramiento y para impedirle “contacto con las personas con la comunidad”.

“Por esto solicito disculpas -señaló-. No voy a poder continuar de modo presencial asesorando sobre los mecanismos jurídicos que existen para defender los derechos”.

Remarcó luego la “indefensión absoluta que padecemos los jujeños porque el gobernador maneja el Poder Judicial y por la impunidad de la que él goza, porque no tenemos donde quejarnos de sus atropellos”

Tras precisar que afronta 20 días de detención, aseguró que se siente “tranquilo” y agregó: “No le temo a nadie”.

Nallar fue detenido el jueves, tras haber estado recorriendo la provincia explicando a las comunidades los efectos antiderechos de la nueva Constitución provincial. Además, había denunciado al gobernador Gerardo Morales por violación del artículo 227 de la Constitución Nacional, que pena a quien pone «en peligro la vigencia» de la Carta Magna, estaba juntado firmas para presentar un pedido de intervención al Poder Judicial de la provincia y había asumido la defensa de varias de las personas que fueron detenidas en las últimas horas.

El operativo de detención se realizó el jueves en inmediaciones de su casa, en la localidad de El Carmen, desde donde lo trasladaron al penal del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy. Al día siguiente le dictaron la prisión domiciliaria. Está acusado de los delitos de «instigación a cometer delito», según precisaron los fiscales Walter Rondón y Diego Funes en conferencia de prensa. «Incita a la gente a tomar el poder, desconocer el poder judicial, pedir la derogación de la Constitución y la intervención de la provincia», afirmaron.

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