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Por Irina Hauser, en Página/12. Cuando interrumpió la provisión de medicamentos oncológicos y de otras enfermedades graves a personas que no tienen cobertura médica, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello alegó que se basaba en el hallazgo de irregularidades en el sistema de compra a laboratorios implementado por las gestiones anteriores. Con ese argumento hizo una denuncia penal que la cartera difundió con entusiasmo, pero que terminó desestimada en forma categórica por el juez Julián Ercolini después de que dos fiscales aseguraran que no había ninguna irregularidad ni delito a la vista.
Desde el 10 de diciembre hasta fines de abril, según pudo reconstruir Página/12, fallecieron más de 50 personas que venían recibiendo tratamientos que fueron discontinuados por el gobierno de Javier Milei.
La Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) es la que se ocupa de la entrega de medicamentos de alto costo y elementos de ortopedia a pacientes en situación de vulnerabilidad. Desde que comenzó la gestión libertaria hasta fines de febrero estuvo a cargo de la cartera de Pettovello. Después pasó a la órbita del Ministerio de Salud, que encabeza Mario Russo. Antes esta política era tarea del Ministerio de Desarrollo Social.
El fallo de Ercolini fue firmado el 22 de marzo pero se conoció recién ahora. A pesar de ser taxativo, el panorama no cambió demasiado: en la actualidad todavía hay unas 1900 personas que esperan reanudar sus tratamientos y una cantidad similar intenta tramitar la entrega de medicación pero les dicen que esperen.
Hay un universo adicional de ciudadanos/as sin recursos que recibía medicación «por ventanilla» directo de la farmacia del organismo, como antiepilépticos, psicofármacos, medicación para el asma, que no se está entregando. «Estos pacientes no se contabilizan, no quedan registrados, pero son medicaciones indispensables y a la gente le terminan diciendo que no hay», advierte Carolina Oliveto, directora de Programas de la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa).
Auditoría y denuncia
Con la estrategia de hacer gala de auditorías sobre la gestión de sus antecesores respecto de varios programas vinculados a derechos sociales, Pettovello inició una sobre el mecanismo utilizado para compulsar precios y elegir proveedores entre los laboratorios de la medicación e insumos para enfermedades graves o raras, que requieren de medicación cara y que en algunos casos no está en el país.
En la segunda quincena de febrero difundió por todos lados que habían encontrado irregularidades, posibles sobreprecios y licitaciones direccionadas. Mandó entonces a la Subsecretaria Legal de la cartera, Leila Daniela Gianni, a hacer una denuncia en Comodoro Py.
El planteo era que la Dadse seleccionaba a los proveedores con una modalidad irregular, que se hacía por correo electrónico a una cadena de usuarios «sin certificar su titularidad» y que las respuestas eran «presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno» por lo que, concluía, «se selecciona antojadizamente al proveedor al cual comprarle los costosísimos medicamentos».
Decía también que el organismo utiliza una disposición de 2016 —luego suspendida— y «violaría el régimen general de contrataciones para la Administración Pública Nacional, pudiendo resultar vulnerados los principios de transparencia, igualdad de proveedores e igualdad de oferentes…» Afirmaba que esto «tendría un alto impacto para el erario público». Hablaba de «elevadísimos e inconmensurables montos involucrados» que no precisaba.
La abogada Gianni se hizo conocida porque tuvo cargos públicos tanto en gobiernos del Frente de Todos como de Cambiemos (en Jefatura de Gabinete, Ministerio de Ambiente, Justicia) y militó el año pasado la candidatura de Sergio Massa.
Cuando fue a ratificar la denuncia, Gianni dijo que los fondos asignados a la Dadse eran 37 millones de pesos. Pero le erró por bastante: en 2023 fue 39.853 millones de pesos. El martes 20 de febrero, el Ministerio de Salud, que se hizo cargo de la Dadse, publicó en la página oficial que la cartera «gestionó la compra de medicamentos de alto costo, tanto oncológicos como para otras enfermedades, por un monto total de 140 mil millones de pesos». También diría después que ese monto era el que recortaría al Ministerio.
En términos de la auditoría y esa denuncia fue que Pettovello justificó que no se entregaran más medicamentos para el cáncer, otras enfermedades graves e insumos. El escándalo creció porque hubo pacientes que hicieron pública su situación y algunos revelaron el fallecimiento de familiares en condiciones dramáticas. En enfermedades terminales es evidente que no se puede adjudicar el fallecimiento a la interrupción del tratamiento en sí, pero es un golpe brutal a la calidad con la que una persona y su entorno atraviesan sus días. En ciertos casos la medicación sí puede resultar determinante.
Pero Gianni volvió y entregó un listado con pagos. Por entonces, el fiscal Carlos Rívolo reemplazaba a González y sostuvo que, además de que la información estaba incompleta «los nuevos datos brindados por la cartera ministerial no brindan nuevas aristas que permitan rebatir los fundamentos» de su colega.
Al no haber impulso a la investigación penal de parte de la fiscalía, el juez Ercolini decidió desestimar la denuncia.
Escenario
Además de denuncias públicas, como informó este diario, hay amparos individuales y hay uno colectivo entre seis organizaciones de familiares y pacientes. En algunos casos con cautelares a favor y para pacientes en particular, la Dadse tuvo que entregar la medicación.
Fueron sorprendentes casos donde el Gobierno apeló para resistirse a cumplir con facilitar el tratamiento. Un paciente cuya causa fue apelada había fallecido unos días antes cuando llamaron a su familia para decirle que ya estaba disponible el medicamento.
La causa colectiva está en veremos. Cuando escaló el problema, el director de la Dadse, que no tenía nombramiento formal, Sergio Eloy Díaz, renunció. Recién ahora fue reemplazado por Román Angel Broda, exfuncionario en Azul.
«A algunos pacientes los llamaron pero después no les entregaron nada. Necesitamos que regularicen la entrega de medicamentos por parte de la Dadse, esto nunca tenía que haber sido suspendido aun habiendo hecho auditorías y se hizo una denuncia que retrasó todavía más las entregas. Pero pero al día de la fecha, después de más de cinco meses, hay pacientes en situación de vulnerabilidad que están esperando su medicación y esto es angustiante tanto para los pacientes, como para los familiares como para las organizaciones que los acompañamos», señaló María Alejandra Iglesias, de la Asociación Sostén, que trabaja con pacientes oncológicos y su entorno.
A cuento del fallo judicial, el diputado Juan Marino (Unión Por la Patria) que se viene ocupando del tema, sostuvo: «Esto demuestra que la suspensión de la Dadse por parte de Pettovello no tenía ningún fundamento jurídico y que obedece únicamente al objetivo de Milei y Caputo de imponer el déficit cero a costa de todo, incluyendo la vida de personas con cáncer».
