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Hace más de 24 horas atrás, la jueza Ana María del Huerto Sapag ordenó a Daniel Verzini que retire el candado y la tranquera que impedía el paso de la comunidad indígena Tilquiza, de Ocloya, por el camino ancestral de acceso a su territorio, pero hasta el momento el empresario incurre en desobediencia judicial.
«Ha triunfado el buen vivir», dijo ayer el cacique Néstor Jerez, pero hasta este momento, el comunero informó al Submarino Diario que no pueden entrar a sus tierras.
La decisión de la magistrada se conoció minutos después de la conferencia de prensa que dieron Jerez y otros integrantes de la comunidad este viernes pasado, junto a las referentes locales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y el Inadi, además de Andhes.
La comunidad Tilquiza reclamaba la apertura del camino que utilizan para ingresar a sus territorios, que había sido bloqueado en el cerrado por Verzini, un empresario maderero de la zona.
La jueza Sapag había avalado al empresario y ordenado el desalojo de la protesta, que se llevó adelante con un operativo policial al que Jerez describió como «arbitrario y desmedido». En el procedimiento fueron detenidas nueve personas.
Lello no cumplió con el compromiso con los pueblos originarios
El protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes aprobado el 30 de abril de 2021 por el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Enrique Lello, a través de resolución Nº2261/2021, quien se había comprometido que no habría ningún desalojo en comunidades indígenas mientras esté vigente la ley 26.160; ha sido incumplido en su plenitud.
