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La justicia federal negó la excarcelación del joven Franco Oscari basándose en sus condiciones de vida rural. Organizaciones denuncian persecución política, tareas de inteligencia ilegal y un entramado de intereses mineros y terratenientes.
Este jueves, familiares y referentes de familias campesinas se manifestaron en la plaza Belgrano para reclamar por la libertad de Oscari y denunciar persecución judicial en el marco de una avanzada sobre los territorios que habitan.
La detención de Franco Oscari, un joven productor y activista rural del paraje Las Goteras, en Palma Sola, encendió las alarmas de organizaciones sociales y de derechos humanos de Jujuy. Acusado formalmente desde Buenos Aires por presuntas amenazas a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de la red social Facebook, la justicia federal ratificó la continuidad de su privación de la libertad utilizando como principal argumento procesal su propia condición socioeconómica y su residencia en el ámbito rural.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la abogada Samanta Delgado, defensora de Oscari e integrante del equipo legal del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), detalló el complejo panorama legal tras notificarse el rechazo al pedido de excarcelación dictado por el juez federal porteño Ariel Lijo.
«El juez lo que hace es sostener los argumentos del fiscal y de la auxiliar fiscal, Goncalvez, que dicen que Franco trabaja de manera informal, trabaja en el campo y vive lejos de Palma Sola, en un lugar de difícil acceso», detalló la letrada.
Para la defensa técnica, la resolución judicial carece de fundamentos jurídicos sólidos y devela un sesgo de clase y una criminalización abierta del sector rural. «Es decir que las propias condiciones de vida de una persona campesina son utilizadas ahora para fundamentar la continuidad de su privación de la libertad. Vivir en el campo no es un delito. Ser campesino no puede ser indicio de peligro de fuga», señaló Delgado.
La abogada anticipó que apelarán de manera inmediata ante la Cámara Federal de Apelaciones para revertir lo que califican como una «causa política armada a miles de kilómetros de distancia», en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desconociendo por completo las realidades territoriales de Jujuy.
Por otro lado, Delgado denunció severas irregularidades en el ejercicio de la defensa, al revelar que la Policía Federal le impidió visitar a Oscari bajo argumentos arbitrarios. «Dicen que yo no sería la defensa legal de Franco, pero un día antes él me designó su abogada», afirmó.
«Hay una abogada que está en Buenos Aires que también es parte del equipo técnico, pero el argumento es insostenible, porque es ilógico pretender que la abogada que está en Buenos Aires viaje para visitarlo acá, cuando yo soy una de las abogadas de la familia en Jujuy», explicó.
Delgado recordó que «el derecho de asistencia de una persona detenida para hablar con una abogada es un derecho fundamental».
La defensa de Franco enfrenta una barrera legal. A diferencia de otras provincias, donde la matrícula federal permite litigar libremente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se exige estar radicado o matriculado allí. Por ello, el equipo local debió recurrir a colegas en Buenos Aires para poder acceder formalmente al expediente.
El violento operativo en Las Goteras y el fantasma de la dictadura
El relato de la aprehensión de Franco Oscari expone un despliegue de fuerza estatal inusitado para una causa iniciada a partir de publicaciones en redes sociales.
Gloria Mamaní, referente de la zona, describió con angustia el operativo de la Policía Federal en el paraje Las Goteras, ubicado a más de 55 kilómetros del casco urbano de Palma Sola.
«Estamos viviendo algo catastrófico. Llegaron a la madrugada armados, tiraron la puerta, a Franco lo tiraron cuerpo a tierra y lo apuntaron como si fuesen unos mafiosos, cuando son familias campesinas. Hicieron tirar a la familia completa al suelo apuntando. Da bronca, da angustia, mucha rabia. Parece que estamos en tiempo de dictadura», denunció la referente campesina.
Mamaní remarcó: «Si van a ver cómo vive esa familia, verán que no son delincuentes. Son productores de alimentos que vienen remando hace varios años. No se entiende que un campesino vaya preso por estar en desacuerdo con este gobierno y expresarse en Facebook».
La también abogada María José Castillo, del MNCI, precisó a El Submarino Radio que la orden de allanamiento estipulaba como horario de inicio las 8 de la mañana. Sin embargo, el personal de la Policía Federal irrumpió en la vivienda a las 5 de la mañana, en plena oscuridad.
El verdadero trasfondo: tierras, desmontes y megaminería
La causa penal se inició por publicaciones de Facebook de hace un par de años en las que Franco Oscari hizo referencia a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sin embargo, desde el MNCI sostienen que se trata de una pantalla judicial para desarticular la resistencia territorial de la comunidad.
Franco Oscari y su entorno familiar directo sostienen un rol sumamente activo en dos frentes de alta conflictividad socioambiental en la región.
Por un lado, la familia Centeno-Palma afronta un histórico litigio por el acceso a la tierra frente a las pretensiones de desalojo de empresarios locales de apellido Quintar. De hecho, un día antes del arresto de Oscari, el equipo legal del MNCI había logrado frenar judicialmente una orden de desalojo efectiva mediante un recurso de apelación presentado en favor de la familia.
Por otro lado, la zona se encuentra fuertemente movilizada en el cerro Santa Bárbara, específicamente en el paraje Siete Aguas, debido a la instalación de una explotación minera de cobre y a la tala indiscriminada del monte nativo, catalogado como «zona roja» intangible bajo la Ley de Bosques Nacional.
La madre de Franco firmó en abril un amparo ambiental, radicado en el Juzgado Ambiental de Jujuy, contra la empresa Montminim/Villanueva (vinculada a Construcciones Villanueva), que extrae cobre en áreas protegidas de bosque nativo. Según denuncian los lugareños, el emprendimiento está desarmando el cerro de manera ilegal.
«Nosotras interpretamos que todo está relacionado. Se hizo inteligencia con Franco en el territorio. Saben que es integrante de una organización crítica del gobierno como Tierra Fértil. Su familia y Palma Sola están atravesadas por conflictos ambientales y territoriales en defensa del bosque nativo frente a un emprendimiento minero de cobre», vinculó Delgado.
Espionaje ilegal y resistencia comunitaria
Los testimonios sumaron además una grave acusación sobre presunto espionaje e infiltración de las fuerzas federales en las semanas previas al allanamiento.
Según denunció Mamaní, aproximadamente un mes antes, personas no identificadas y vestidas de civil, que dijeron ser «gente del gobierno», fueron avistadas realizando tareas clandestinas de vigilancia y pernoctando ocultas en los campos linderos a la propiedad de los afectados, situaciones irregulares que llegaron a ser filmadas por el propio Oscari antes de ser privado de su libertad.
Ante este panorama, agrupaciones campesinas, vecinales y de derechos humanos han iniciado jornadas de visibilización y protesta con concentraciones frente a la Delegación de la Policía Federal en la capital provincial, demandando la inmediata liberación del productor.
«Ninguna acción de protesta va a perjudicar la causa. Es necesario manifestarse cuando hay un joven preso por el solo hecho de ser campesino y ejercer su libertad de expresión», concluyeron.
