El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Esta mañana, por orden del juez Jorge Zurueta y ante el pedido del fiscal Diego Cussel, detuvieron en Jujuy a dirigentes de distintos sectores políticos, gremiales y sociales que participaron en la movilización del 4 de abril, en la apertura de sesiones, que fue reprimida con balas de goma y gases. Les imputan el delito de atentado contra la autoridad agravado por poner manos a la autoridad.
La orden de detención fue dictada por el juez de control penal N°1, Jorge Zurueta, luego del pedido del fiscal de delitos complejos, Diego Cussel contra los dirigentes sociales y sindicales, como así también de manifestantes. Los detenidos son: Santiago Hamud, José Zurita, Erik Peralta, Carlos Mercado, Jairo Joel Velázquez, Carlos Albornoz, Bienvenido Méndez, Pedro Cachizumba, Juan Pousa Ciancia, Iván Mercado y Leonel Altamirano. Cussel los imputó del delito de «atentado a la autoridad, agravado por poner manos en la autoridad».
Algunas de las detenciones se realizaron de manera violenta, según denunciaron los familiares. En el caso del dirigente Bruno Bienvenido Mendez, de ATE y que el día de la movilización recibió el impacto de una bala de goma en la cara, la policía ingresó abruptamente al domicilio apuntándole con armas a los niños que se encontraban en el hogar.
“Cada día en Jujuy se deteriora aún más el estado de Derecho, si es que uno puede decir que aún existe. Quiénes se movilizaron el pasado 4 de abril para reclamar al gobierno que no ha cumplido una sola de las promesas que hizo en campaña y durante estos dos años y meses de gestión fueron reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos. Les tiraron a la cara, a los brazos, a la espalda. Les imputan el delito de poner mano a la autoridad cuando los separaba una valla de casi dos metros de altura. Esto no es más que un nuevo intento de disciplinar a quienes se manifiestan en contra de las políticas de hambre y miseria que impone Morales”, denunció el diputado y referente de la Tupac Amaru Juan Manuel Esquivel.
“El delito que se les imputa tiene una pena máxima de dos años, es decir que es excarcelable. El realizar estas detenciones un sábado, a dos semanas de producidos los hechos, no hace más que demostrar que la intención no es castigar ningún delito, sino el de imponer el miedo a los opositores políticos”.
