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La Justicia jujeña dictó este viernes una medida cautelar en favor de la Comunidad Aborigen Normenta Pacha, ubicada en el departamento de Ledesma, quienes denunciaron que supuestos propietarios pretendían el desalojo de los comuneros.
Los integrantes del colectivo denunciaron días atrás que personas identificadas como Mario Rojo, Marina Telles y Arturo Giménez intentan usurpar su territorio comunitario «para desarrollar un emprendimiento inmobiliario y turístico”.
La comunidad aborigen Normenta Pacha está ubicada a 40 kilómetros de Libertador Gral. San Martín. Actualmente viven en ese territorio unas 53 familias.
En ese marco los comuneros se presentaron ante el Ministerio Público de la Acusación para solicitar la aplicación de la ley que suspende los desalojos y se lleve a cabo el protocolo de intervención en comunidades indígenas preexistentes, requerimiento al que accedió la fiscalía, indicaron los voceros del colectivo.
Asimismo durante esta jornada el representante legal de la comunidad, Franco Aguilar, informó que el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de San Pedro de Jujuy, a cargo del juez Matías Nieto, dictó una medida cautelar de prohibición de innovar a favor del colectivo originario.
Sobre ese punto, la resolución ordena a Rojo, Telles y Giménez “abstenerse de realizar y/o efectuar actos de cualquier índole que implique modificación o alteración de la situación de hecho o derecho en relación al inmueble en conflicto”.
Los comuneros aseguran que los terratenientes “intentan despojarlos” de su propiedad, a pesar de que son poseedores ancestrales del territorio. La comunidad cuenta con personería jurídica y con la carpeta técnica con resolución en el marco de ley nacional 26.160 que prohíbe los desalojos en territorio ancestral habitado por comunidades indígenas.
Días atrás los supuestos propietarios de los terrenos en conflicto «amenazaron a través de sus empleados, intentaron alambrar parte del territorio comunitario para avanzar en negocio inmobiliario que prevé la construcción de cabañas en el marco de un proyecto turístico”, relataron los comuneros.
Debido a las intimidaciones que recibieron, responsabilizaron «por cualquier daño físico y acto de violencia contra los miembros de la comunidad» a quienes pretendían el desalojo.
