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En una maratónica sesión de la Cámara de Diputados, que duró más de 13 horas, se aprobaron varios proyectos de ley y fueron enviados al Senado, entre ellos, de protección contra la «violencia digital» a las mujeres y una iniciativa sobre créditos UVA.
En la sesión, la oposición consiguió la convocatoria para que el plenario debata el 23 de agosto la Ley de Alquileres.
Además, el plenario del cuerpo dio el visto bueno a un proyecto que crea la figura del acompañante terapéutico y a otro que declara monumento histórico nacional al Parque de la Constitución en la capital de la provincia de Santa Fe.
En la continuidad de la agenda de la sesión, el plenario debate el de beneficio a la producción orgánica de alimentos y el que regulariza deudas de municipios con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).
Antes de que se abordaran los proyectos de ley, se sucedieron una serie de planteos relacionados con la coyuntura actual con preponderancia de los acontecimientos sucedidos en las provincias de Chaco y Jujuy.
En ese sentido, diputados nacionales jujeños del oficialismo cuestionaron la represión del gobierno de Gerardo Morales a manifestantes que rechazan la reforma constitucional en Jujuy, mientras que representantes del radicalismo defendieron la actuación del mandatario provincial, uno de los precandidatos a vicepresidente de Juntos por el Cambio y titular de la Unión Cívica Radical (UCR).
A continuación, la diputada nacional del Frente de Todos por Chaco Lucila Masin cuestionó hoy «la mediatización» y «politización» del ‘Caso Cecilia’ y coincidió con su comprovinciana Marilú Quiroz (Juntos por el Cambio) en manifestar «solidaridad» con la familia de Cecilia Strzyzowski, a un mes de su desaparición y femicidio.
En esa etapa de la sesión se dio una de las principales polémicas de la jornada: Diputados del Frente de Izquierda y el libertario José Luis Espert protagonizaron un cruce, con fuertes acusaciones por la situación en Jujuy, luego de que el ahora integrante de Juntos por el Cambio (JxC) pidiera la expulsión de los legisladores de Izquierda por haber visitado esa provincia durante las protestas y represión policial, y los apuntó por haber participado de los incidentes ocurridos, tras la reforma de la Constitución local.
Por otra parte, la mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados formalizaron ayer un pedido de sesión especial para debatir una Ley de Alquileres el próximo 23 de agosto, luego de que fracasara un intento de Juntos por el Cambio para que se avanzara en la derogación de la legislación vigente al pedir un tratamiento sobre tablas.
Ocho de los once bloques que forman JxC (encabezados por el PRO, la Coalición Cívica y los dos radicalismos); el interbloque Federal; Provincias Unidas y liberales y libertarios firmaron la nota en la que se pide a Cecilia Moreau, la titular de la Cámara baja, que se sesione ese día desde las 12.
Por lo pronto la nota no fue acompañada por la bancada del Frente de Todos, si bien no se descarta que ese día den quórum para facilitar el debate, con el objetivo de que en los próximos 48 días que restan para la potencial sesión se pueda llegar a un texto de consenso que permita contar con una nueva norma.
En cuanto a los proyectos de la agenda de ayer, la Cámara aprobó por amplia mayoría, y giró al Senado, el texto consensuado para modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, con el fin de incorporar la figura de la «violencia digital», conocida como «Ley Olimpia», que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.
La iniciativa se aprobó con 191 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, la izquierda, y dos en contra de los libertarios y una abstención del diputado Carlos Zapata (JXC).
Además, la Cámara aprobó por amplia mayoría, y envió al Senado, el proyecto de ley que regula la actividad del acompañante terapéutico, en una votación con 197 votos afirmativos y tres negativos.
A continuación, y sin debate, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley por el cual se propone declarar monumentos histórico nacional al Parque de la Constitución Nacional, situado en la ciudad de Santa Fe.
En el tratamiento más extenso -casi cuatro horas- la Cámara debatió el proyecto que buscar atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y busca modificar el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas. La votación arrojó 134 votos afirmativos; 40 negativos y 18 abstenciones.
Más temas se aprobaron en la Cámara baja
La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado un proyecto de ley de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos, que busca dar estabilidad y previsibilidad al sector por un plazo de 10 años, y que contempla diversos beneficios fiscales para emprendimientos de empresas pequeñas y medianas.
Durante el debate, que se agotó en menos de una hora, el presidente de la comisión de Economía y Desarrollo Regional, Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos-Formosa), señaló: «El 98 por ciento de lo que producimos en orgánicos lo exportamos al mundo, es decir que solo un 1,90 por ciento se consume en Argentina».
También se giró al Senado el proyecto de ley que establece la refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
La iniciativa diseñada por el diputado cordobés oficialista Eduardo Fernández fue aprobada en el último tramo de una extensa sesión que se extendía más de trece horas, donde se aprobaron los proyectos de violencia digital, acompañamiento terapéutico, y créditos hipotecarios, entre otros.
El proyecto establece un Plan de Refinanciación que se deberá suscribir por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos que adeuden créditos otorgados en virtud de los préstamos con destino a infraestructura de agua potable y saneamiento.
Los legisladores convirtieron en ley proyecto que elimina «Fe de Vida» que deben presentar jubilados y pensionados que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino y de Pensiones No Contributivas para el cobro de sus haberes mensuales.
La iniciativa fue aprobada por 170 a 3 votos en una votación a libro cerrado donde se sancionaron otros proyectos referidos a acuerdos internacionales.
De los aproximadamente 7,3 millones de pasivos del sistema previsional, más de 3,2 millones no deben presentar su fe de vida a partir de acuerdos entre el Estado y algunas entidades bancarias, en su mayoría, del sector público.
El artículo establece que «en ningún caso podrán requerirse trámites adicionales a cargo del beneficiario y/o apoderado de la prestación» jubilatoria «más allá de las verificaciones realizadas al momento del cobro presencial que eventualmente se realice».
La fe de vida era un trámite que los jubilados debían realizar periódicamente para que Anses certifique la supervivencia del jubilado o pensionado.
