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La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles y consensuó un dictámen único para que el proyecto de ley de alquileres pueda ser votado por el Congreso antes de fin de año, luego de tres años de idas y vueltas.
Había tres proyectos en danza que la oposición y el oficialismo lograron unificar en uno. Entre los puntos en los que hubo acuerdo se destaca la extensión del plazo del contrato de dos a tres años y la creación de una fórmula que se actualizará en base a un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central.
El objetivo es que el texto pueda tratarse en el recinto el 20 o 27 de noviembre, junto con la ley de Góndolas, para luego pasar al Senado.
Los tres proyectos de ley tenían puntos en común: alargar de dos a tres años el plazo de los contratos y establecer una fórmula para la actualización de los precios, que combine el IPC y el RIPTE. En la actualidad, esa fórmula es una estimación que realizan los propietarios según lo que esperan que pase de acuerdo a la inflación. Además, los proyectos apuntaban a reducir los costos que deben enfrentar los inquilinos para ingresar a una vivienda y no poder pedirle al inquilino más de un mes de adelanto, en lugar de los dos meses de depósito que se pide hoy. También había coincidencia en la necesidad de ampliar los tipos de garantías. Finalmente, todos esos puntos fueron incorporadores en el proyecto único.
En el caso de las garantías, el proyecto establece que el locatario podrá proponer al locador al menos dos de las siguientes garantías: garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. “Hoy nos estamos ocupando del acceso de un derecho básico de las personas que es a un techo y en este proyecto que estamos debatiendo acá hemos empezado a encontrar algunos caminos», aseguró diputado del FpV, Adrián Grana.
No es la primera vez que el Congreso avanza en esta temática. En noviembre de 2016, el Senado había dado aprobación por unanimidad a una iniciativa de la kirchnerista Silvina García Larraburu (PJ-FpV), proyecto que no logró consensos para avanzar en Diputados durante 2017. En tanto, en 2018, la Cámara baja retomó el debate y finalmente en octubre del año pasado logró dictamen de comisiones a partir de un texto consensuado, que, sin embargo, no llegó al recinto y tampoco fue incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias de ese año, con lo cual perdió estado parlamentario.
Página/12
