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Diputados de Unión por la Patria (UxP) presentaron en el Congreso un proyecto de declaración para «rechazar las privatizaciones de empresas del Estado» que propone el proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», enviada por el Gobierno.
«No podemos permitir que se concrete este masivo e injustificado plan de privatización de empresas y sociedades del Estado y venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)», afirmaron los legisladores.
Al respecto, advirtieron que «dicho plan del proyecto tendría un carácter irreversible y produciría nefastas consecuencias sobre la estructura económica argentina y los derechos de usuarios y consumidores».
Además, propusieron que a la Cámara baja que «manifieste su rechazo sobre la privatización de empresas y sociedades de propiedad total, mayoritaria o minoritaria y la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad», que propone el «alarmante contenido» de la llamada ley ómnibus», enviada por el presidente Javier Milei para privatizar 41 empresas estatales.
Los diputados de UxP afirmaron que «robustecer la eficiencia del sector público y de las empresas y sociedades es un desafío, pero rechazamos rotundamente que la forma de resolver presuntas ineficiencias consista en la entrega del patrimonio público».
Alertaron en que «la nueva propuesta de privatizaciones masivas solo empeoraría el estado de situación, quitando herramientas valiosas para que el Estado resguarde derechos fundamentales de los sectores vulnerables».
La declaración que firmaron Sergio Palazzo, Julia Strada, Vanesa Siley, Carlos Cisneros, Mario Manrique, Pablo Yedlin, Pablo Carro y Hugo Yasky explicó que «el procedimiento privatizador» comenzó con el «inconstitucional» Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Ejecutivo que modificó la ley 23.696 de Reforma del Estado.
Consideraron «alarmante» además que el proyecto de ley «Bases» «contenga privatizaciones que sean propuestas en general, sin detalle de cada situación, sin participación del Congreso, ni de trabajadores y trabajadoras ni sectores afectados».
Destacaron la contradicción de la ley que «propone la privatización directa de 41 empresas y sociedades sin análisis previo de viabilidad ni eficiencia de ningún tipo», lo que calificaron de «procedimiento privatizador absolutamente dogmático».
«La privatización por la privatización misma, sin otro matiz ideológico que la destrucción del Estado para favorecer al poder económico concentrado del sector privado», enfatizaron.
Según afirmaron, «gran parte de estas empresas registran superávit y están ubicadas en sectores estratégicos de la economía», por lo cual deducen que «su venta habilitaría grandes negocios para el sector privado».
El «nuevo gobierno no tiene apego por las formas ni pautas jurídicas» e intenta que «el Congreso otorgue un permiso genérico al Ejecutivo para que venda el patrimonio estatal», consideraron.
Los diputados calificaron a la propuesta privatizadora como «absurda y peligrosa» y dijeron que «el remate de estas empresas y sociedades vulneraría derechos de usuarios y consumidores y de provincias interesadas conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional».
Entre las empresas superavitarias y estratégicas destacaron al Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Nucleoeléctrica, Dioxitek, y IEASA, AySA y Trenes Argentinos como «prestación de servicios esenciales».
