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Diputados del FIT-U pide la derogación de la Ley que arancela la salud pública

Los legisladores del FIT-U presentaron ayer un proyecto de derogación de la ley de Seguro Provincial de Salud (SeProSa) por considerarla inconstitucional al vulnerar el derecho al acceso público y gratuito al sistema estatal de atención médica y sanitaria e imponer un arancel a quienes no tengan obra social o medicina prepaga.

Luego de la solicitud de veto a la Ley N°6453 que votaron el oficialismo radical con la “inestimable” ayuda de algunos diputados del PJ.

La legisladora Natalia Morales señalo “presentamos el proyecto para derogar la Ley que pone crea el Seguro provincial de salud – SePRoSa porque pone fin a la gratuidad de un derecho humano como es la salud pública. Es una Ley aprobada de forma exprés y sin tratamiento en comisión, a espaldas de las organizaciones sindicales y el sector afectado directamente como son las y los trabajadores precarizados que no cuentan con obra social o no pueden pagar una prepaga, como sucede con feriantes, manteros, remiseros, en la construcción, la gastronomía, el turismo, la hostelería, el comercio y la actividad rural. Vemos con mucha preocupación que se haya aprobado de esta manera.

Por eso, agrego que la presentación de este proyecto de derogación de esta Ley 6453 es parte de una serie de medidas que queremos impulsar desde el bloque del PTS FIT el único que se opuso de forma contundente, que permita impulsar una gran campaña de los sindicatos de la salud, la CGT y la CTA, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, para hacer retroceder esta ley y el accionar del gobierno radical y sus socios del PJ”.

En tanto, Miguel López, agregó “decimos que la ley de Seguro Provincial de Salud es una medida reaccionaria y regresiva en materia de derecho al cobrarle un arancel equivalente a 5 consultas médicas sacadas del Instituto de Seguro de Jujuy, a los sectores sociales más vulnerables que al no poder acceder a trabajo registrado, realizan labores en condiciones de precarización e informalidad para resolver el sustento económico diario de sus familias”.

Por su parte, Gastón Remy resaltó que “con el SeProSa se beneficia el gobierno provincial, que pese a tener superávit busca vías recaudatorias regresivas, exceptuando de impuestos a quienes más fortunas tienen o cobrándole impuestos irrisorios en relación a sus ganancias, y ajustando a los que menos ingresos tienen. También vemos que terminan siendo beneficiados los empresarios del negocio de la salud privada, quienes a la par del desguace, deterioro y desfinanciamiento del sistema de salud público estatal, fueron incrementando sus ganancias e inversiones en clínicas y sanatorios en distintos puntos de la capital y el interior de la provincia, ya que el pago del SeProSa también habilitaría la atención médica de los informales y precarios en el servicio de salud privado”.

Por último, el diputado nacional Alejandro Vilca, manifestó que “en los bloques que votaron esta ley de Seguro Provincial de Salud hay presidentes de bancadas legislativas que son dueños de clínicas, también hay diputados provinciales oficialistas y titulares de ministerios que son dueños de clínicas, y hasta diputados nacionales del bloque oficialista que ven con agrado este arancelamiento, porque también son dueños de sanatorios y clínicas, esa es la vinculación que hay entre su política legislativa reaccionaria y regresiva en materia de derechos con sus negocios. No debemos permitírselo, por eso es que junto con el ingreso de este proyecto de derogación del SeProSa planteamos la organización y movilización del pueblo trabajador en defensa de la salud pública”.

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