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Los diputados del peronismo rechazaron ayer en la 3° sesión especial que se realizó en la Legislatura local la norma que se aprobó con los votos oficialistas las modificaciones en la Zona Franca de La Quiaca y que agrega la comercialización del rubro automotores.
La Ley sancionada, que modifica el convenio de adhesión a la norma nacional 24.331 de Creación de Zonas Francas celebrado entre el gobierno central y la provincia, trajo polémica en la misma ciudad fronteriza y generó el rechazo del peronismo en el recinto, que observó la falta de información para tratar la iniciativa.
El tratamiento del proyecto remitido por el Ejecutivo provincial convocó en la Casa de Piedra a un grupo de comuneros que viene reclamando la expropiación de tierras ancestrales y que antes de la sesión especial –la tercera de este año- fue recibido por el presidente del Bloque Justicialista Pedro Belizán y la diputada del mismo espacio legislativo, María Cristina Solís, quienes hicieron las gestiones del caso y posibilitaron que los representantes de las comunidades de La Quiaca Vieja pudieran presenciar el encuentro parlamentario desde la barra del público.
En medio del debate legislativo, la diputada justicialista Liliana Fellner cuestionó el manejo que hizo el gobierno provincial con las tierras cedidas para el funcionamiento de la zona franca, burlando convenios internacionales que ponen en resguardo los territorios ancestrales ante el avance de intereses económicos externos sobre los mismos. “Ellos tienen el derecho de saber lo que está pasando y lo que se pretende hacer con lo que les pertenece desde siempre”, apuntó.
“Cuestionamos este tema desde la perspectiva del territorio, porque pretendemos saber qué va a hacer el gobierno con tantas tierras y si se había cumplido con las comunidades aborígenes y con lo que establece el Convenio 169 de la OIT que plantea la entrega de información sobre lo proyectado y lo que se pretende realizar sobre propiedades que son de pertenencia ancestral”, agregó.
Según la legisladora las comunidades denuncian que en el lugar no se hicieron las consultas necesarias con los dueños de esas tierras y que “existe hasta una suerte de amedrentamiento de funcionarios del gobierno provincial que le ofrecen a la gente un monto vil que ronda los 2 mil pesos por sus terrenos”.
En tal sentido, apuntó que la mayoría de la gente de la zona se ve afectada por una expropiación llevada a cabo por la administración provincial del gobernador Gerardo Morales. “Son personas grandes que se dedican al pastoreo y que han vivido allí ancestralmente”, explicó, a la vez de señalar que su bancada se opuso a este proyecto por no saber qué va a pasar con estas comunidades y lo que realmente está sucediendo.
