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Frente a los altos los índices de morosidad por deudas con tarjetas, diputados opositores elaboraron un proyecto de ley que apunta a ayudar a cancelar esas deudas «en condiciones menos desfavorables».
El «Programa de desendeudamiento de las familias argentinas» implica una línea de crédito directa de la Anses para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales, con el objetivo de que cancelen sus deudas con tarjetas de crédito y otros operadores no financieros de crédito «pero en condiciones menos desfavorables».
El monto máximo del crédito es de $1.500.000 y en «condiciones normales de mercado» dispuesta en torno a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales.
A la vez, se establece una «relación cuota/ingreso no superior a 30%, con plazo a definir según capacidad de pago».
En cuanto a su aplicación, la iniciativa prevé que que el trabajador, el jubilado o el monotributista solicita online el crédito con Anses e identifica a qué tarjeta o fintech le debe. Luego Anses cancela de manera directa la deuda con la tarjeta o la fintech y pasa a cobrarle a la persona en cuotas.
De este modo, se sustituye una deuda con tasas muy altas, que ahoga financieramente a las familias argentinas, por otra pagable y respetando las tasas de mercado.
Según se remarca en la presentación, el proyecto «cuida lo fiscal», porque Anses presta el dinero a tasas de mercado y por encima del costo de fondeo de las entidades financieras, lo que implicaría que «es una inversión rentable» para el organismo.
«Pero también se cuida el bolsillo de las familias argentinas. Cancelan una deuda impagable con un préstamo a tasas razonables de mercado», agregan.
La iniciativa fue presentada por los legisladores nacionales Guillermo Michel, Emir Roberto Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí, Victoria Tolosa Paz, Carlos Cisneros, Marianela Marclay (Unión por la Patria); Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal), y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).
Junto a Diputados de distintos bloques presentamos este proyecto de ley para crear el 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐒 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐈𝐀𝐒 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀𝐒.
La situación social y económica actual de ingresos bajos y gastos fijos altos llevaron… pic.twitter.com/XunhTRd5hY
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) January 21, 2026
La deuda en las familias
El proyecto señala que serán beneficiadas 15 millones de personas, considerando las familias del público objetivo:
- jubilados y pensionados de hasta 6 jubilaciones mínimas
- beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por embarazo
- trabajadores en relación de dependencia de hasta 6 SMVyM
- personal de casas particulares
- monotributistas A, B, C y D
La interpretación de los autores del proyecto señala que «la situación social y económica actual de ingresos bajos y gastos fijos altos llevaron a la gran mayoría de los argentinos a endeudarse para cubrir el pago de alimentos y servicios».
«Este sobreendeudamiento de los hogares se ha concentrado en tarjetas de crédito o proveedores no financieros de crédito (OPNFC)», detallan, aclarando que los OPNFC «son fintechs, cooperativas y mutuales, cadenas comerciales y otros prestadores de servicios de crédito que operan en segmentos fuera del sistema bancario con tasas sensiblemente más altas y condiciones financieras, en general, muy desfavorables para los deudores».
Según las estadísticas citadas por el informe anexo al proyecto, la cartera de crédito fintech creció de $724 mil millones (entre julio del 2024 pero a valores de julio 2025) a $2,58 billones en julio de 2025.
En ese sentido, apuntan que «las tasas de interés cobradas por estos operados son de 130% TNA de las OPNFC y 92% en tarjetas (con inflación de 30%)».
«Como consecuencia, estamos presenciando un deterioro acelerado de la calidad crediticia: la irregularidad del crédito personal en OPNFC alcanzó niveles cercanos al 20% hacia noviembre de 2025. Este ratio supera ampliamente al observado en el sistema financiero regulado, que también esta en picos históricos cercanos al 8% para los préstamos a los hogares», precisan y concluyen que «el esquema actual no es sostenible ni para los deudores ni para los prestadores».
