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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó al Gobierno argentino por «el uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza» durante las movilizaciones en rechazo a la reforma previsional. «Los Estados deben actuar sobre la base de que una protesta no es una amenaza al orden público», advirtió el organismo en un comunicado.
En un duro texto, la CIDH llamó a las autoridades a «investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante estas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes». También recamó «garantizar el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social».
«El hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas», advirtió la Comisión.
Además, le recordó al Estado que “tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión».
También indicó que «la criminalización de la movilización y la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente».
En medio de las críticas del presidente Mauricio Macri y del Gobierno de la Ciudad a la jueza Patricia López Vergara por prohibir el uso de armas letales a la policía durante la marcha, indicó que «los operativos de seguridad deben ser planificados de forma cuidadosa bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso adecuado, progresivo y proporcional de armas menos letales y favorezcan el diálogo».
«La actuación policial, en estos contextos debe orientarse a facilitar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, así como a la protección de la vida e integridad de los manifestantes y de los terceros presentes y no la contención o la confrontación con los manifestantes», advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
