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El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional horas después de que el Parlamento unicameral le iniciara un proceso de juicio político, una decisión polémica que implica el adelantamiento de las elecciones.
En un mensaje a la nación, el conservador Lasso dijo que, en virtud de una atribución constitucional conocida popularmente como «muerte cruzada», firmó un decreto que disuelve la Asamblea Nacional y le da poderes para gobernar seis meses por decreto.
Lasso acusó al Parlamento de querer «desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado» y dijo que tomó la decisión «por grave crisis política y conmoción interna», una de las causales contemplada para invocar el artículo 148 de la Constitución.
En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el alza del costo de vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno de derecha y dar una oportunidad a la izquierda que domina el Congreso para recuperar fuerzas.
El líder de la oposición es el expresidente Rafael Correa, que vive en Europa y que en Ecuador fue condenado a ocho años de cárcel por corrupción en 2020, un fallo que rechazó como políticamente motivado, para impedirle participar de elecciones.
Correa dijo que la medida de Lasso era ilegal y un «golpe de Estado» porque no existía ningún estado de conmoción interna, pero matizó que su decisión abría una «gran oportunidad» para deshacerse de su Gobierno y «recuperar la Patria».
La poderosa confederación indígena Conaie, cuyas protestas han puesto en apuros al propio Lasso y a varios otros presidentes ecuatorianos, dijo que la decisión dibujaba «un escenario de dictadura» y que pronto analizará y adoptará «decisiones colectivas».
En su mensaje a la nación, el presidente dijo que todos los esfuerzos del Poder Legislativo estaban enfocados en desestabilizar al Gobierno «con un juicio político infundado», y agregó que Asamblea buscaba «usurpar todos los poderes del Estado».
«Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna», anunció Lasso, un banquero de 67 años.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial, el órgano electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años.
Lasso y el Parlamento asumieron en mayo de 2021.
En cumplimiento de esto, Lasso dijo que había solicitado al Consejo Nacional Electoral «la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos».
El gobernante se presentó ayer ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado, en el inicio de un juicio político en su contra, el segundo desde que llegó al poder, en mayo de 2021.
Según denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker habría ocasionado pérdidas por más de 6 millones de dólares.
El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Un general ecuatoriano dijo en un video difundido por el Ministerio de Defensa que las Fuerzas Armadas, que dieron varios golpes de Estado en Ecuador, iban a respetar la Constitución. «Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución», dijo el general Nelson Proaño, jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas ecuatorianas en el video.
La sede del Congreso amaneció hoy bajo resguardo militar, mientras que en el palacio de gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados, informó la agencia de noticias AFP.
«La Asamblea militarmente cercada. Se le caen todas las máscaras a los que hablaban de democracia sin jamás haber creído en ella», dijo Correa en su cuenta de Twitter. «Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna «conmoción interna». Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse», agregó.
«En todo caso, es la GRAN oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria», dijo.
Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada «muerte cruzada», que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
Entre 1997 y 2005 tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados en medio de revueltas populares: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
En junio de 2022, el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.
En esta ocasión, la oposición parecía reunir los 92 votos necesarios en la cámara, que tiene 137 escaños.
El debate sobre el juicio político contra Lasso debía continuar hoy antes de un llamado a la votación sobre la destitución, pero Lasso se anticipó y decretó la «muerte cruzada».
