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Este martes pasado, el Banco Mundial comunicó a las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc la suspensión de los estudios que las provincias de Salta y Jujuy buscaban realizar en el territorio de estas comunidades sin su consulta ni consentimiento previo.
Esta decisión se enmarca en la reciente creación, por parte de los gobiernos de las provincias de Salta y Jujuy, de la Comisión Interjurisdiccional para la Gestión Integral Ambiental de la Cuenca de Salinas Grandes, cuyo objetivo es realizar estudios hidrogeológicos y determinar la línea de base ambiental de dicha cuenca hídrica para la exploración y explotación del litio.
Desde las provincias no consultaron ni invitaron a las comunidades que habitan en el territorio de la cuenca a participar. Además, intentaron usar la conformación de esta Comisión para dar por cumplido, en parte, un reclamo realizado por las comunidades de Salinas Grandes y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que se encuentra en trámite desde 2019 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los gobiernos de ambos distritos recurrieron al Banco Mundial para solicitar su intervención técnica. Dicha entidad, tras recibir una carta de parte de las comunidades, a través de la cual manifestaban sus preocupaciones y alertaban sobre la situación de conflicto y los numerosos reclamos aún pendientes de respuesta, decidió suspender los estudios hasta que se respeten los estándares internacionales de derechos indígenas. En especial, el derecho a una consulta previa, libre e informada.
De esta manera, la entidad realiza un avance crucial frente a la sistemática vulneración de los derechos de las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc por parte del Estado y de las empresas —entre las que se encuentran Dajin, Tecpetrol, Pluspetrol y Pan American Energy—, que buscan la aprobación de las operaciones en total contradicción con la normativa internacional sobre derechos humanos.
De hecho, estas empresas se alían a los estados provinciales para lograr la aprobación de proyectos con el aval de una sola comunidad, dividiendo a comunidades que comparten un territorio y una cultura y contradiciendo el derecho internacional. Con esta estrategia de división, ignoran además la integralidad y visión biocéntrica de la cuenca hídrica, reconocida por la Corte Suprema en el caso.
