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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó hoy sobre la «gran cantidad de detenciones a mujeres» durante la represión de las protestas jujeñas contra la reforma de la Constitución provincial y consideró que buscan aplicar «violencia política machista y racista con el objetivo de anular el ejercicio de sus derechos políticos» a mujeres integrantes de pueblos originarios.
«Decenas de organizaciones y referentes feministas alertamos sobre la gran cantidad de detenciones a mujeres durante la represión de las protestas de los últimos días. Leemos las detenciones en la clave de violencia política, tal como la describe la Ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres. Es un tipo de violencia machista y racista que tiene como objetivo ‘menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público’ y puede ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política», expresó el organismo en un comunicado.
El comunicado tiene la adhesión de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), la Asociación Lola Mora, Colectivo Ni Una Menos, Colectivo YoNoFui, El Hormiguero, LatFem-Periodismo Feminista, La Colectiva. Corriente Política y social, La Revolución de las viejas, Mala Junta-Frente Patria Grande, Movimiento Evita-Mujeres Evita/Diversidad Evita, Mujeres x Mujeres, Proyecto Generar, entre otras.
En este sentido, informaron que de las detenciones del sábado pasado, las últimas en ser liberadas fueron 8 mujeres indígenas; y afirmaron que ayer había 33 personas detenidas, de las cuales 23 eran mujeres.
«Se supone que detuvieron a quienes ingresaron a la Legislatura y aunque en las grabaciones solo se ven varones, las mujeres los superan en la representación dentro de los patrulleros. Se las acusa de resistencia a la autoridad, daños y lesiones, tres acusaciones que, juntas, puede terminar en encarcelamiento», señalaron desde el CELS.
Desde el organismo explicaron que las protestas se incrementaron cuando inició el proceso de reforma parcial de la Constitución «sin participación social ni búsqueda de consenso», lo que ocasionó la sospecha de que «traía avances contra los derechos de las mayorías populares, a favor del extractivismo y el despojo».
En simultáneo, los reclamos salariales de docentes y personal de salud no fueron escuchados por el poder provincial y fueron contestados con «un decreto provincial contra la organización social, el derecho a manifestarse y reclamar ante las autoridades».
El CELS recordó que Morales defendió la reforma de la Constitución alegando que «era moderna por tener paridad de género» y lo calificaron de un «uso instrumental de las luchas».
«La represión tiene que terminar ahora. No es orden, es autoritarismo. Quienes protestan no pueden ser criminalizados ni criminalizadas», remarcaron.
Finalmente, el organismo indicó que las personas que protestan en Jujuy «están del lado de la ley y de la democracia» y «piden participar».
«Piden que se respete la Constitución Nacional. Piden mejores condiciones de vida y piden que no se restrinjan sus derecho», concluyeron.
