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A través de un mensaje del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno anunció el lanzamiento de su propia reforma migratoria, la cual se hará efectiva a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia en el Boletín Oficial en los próximos días. El CELS advirtió que la medida es innecesaria porque la legislación vigente ya contempla sus principales aspectos y en otros casos debe ser modificada por el Congreso.
La medida busca endurecer los requisitos para otorgar residencia a extranjeros y arancelar determinados servicios, además que pretende ampliar los mecanismos para expulsar personas extranjeras del país, algo que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien es una de las promotoras principales de esta medida, había aplicado durante la administración nacional de Mauricio Macri a través del DNU 70/17.
En primer lugar, se estableció que, a partir de la publicación del decreto, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país y que aquellos que cometan un delito en el territorio nacional, cualquiera sea su pena, serán deportados, aunque aún no se informó cómo serán los procedimientos y cuánto se deberá esperar para hacerlo. Se habilitarán que los ilícitos con penas menores a 5 años sean motivo de denegar el ingreso al país o de deportación, según sea el caso.
Por otro lado, exigirán el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares. Además, impondrán la obligatoriedad para contar con un seguro médico en su ingreso al país. Según los datos oficiales, pretenden que se minimice el gasto de $ 114.000 millones que significó la atención a extranjeros. Tal y como habían dado a entender, se autorizará a las Universidades Nacionales a que, si quieren, podrán establecer aranceles para los servicios educativos a residentes temporarios. Esto no abarca a la educación inicial, primaria o secundaria.
Las correcciones del CELS
A través de un hilo en su cuenta de X, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) detalló las inconsistencias del anuncio.
1. Cualquier persona condenada que intente ingresar al país será rechazada. Ya el art. 29, inc. c de la Ley de Migraciones lo prevé para quienes tengan antecedentes o condenas superiores a 3 años.
2. Quienes sean encontradxs en flagrancia por pasos no habilitados serán expulsadxs inmediatamente. Ya está previsto en el art. 35 y en el 29, inc. i de la Ley de Migraciones.
3. La persona que mienta en la información durante su ingreso será expulsada. Ya está previsto ese motivo para impedir el ingreso en el art. 29, inc. a. de la Ley de Migraciones.
4. Todo extranjero condenado por cualquier delito será deportado. Al ser la modificación de una ley, debe hacerlo el Congreso. La ley vigente dice que los antecedentes deben ser por condenas de más de 3 años.
5. Se acortan los plazos de apelación para la deportación. No se puede establecer un régimen excepcional para ciertas personas, sin debate en el Congreso. Tiene que ver con el derecho a defenderse.
6. Lxs inmigrantes ilegales, lxs residentes transitorixs y temporales deberán pagar los servicios de salud. Al ser la modificación de una ley, debe hacerlo el Congreso. La ley vigente garantiza el acceso a la salud para todas las personas.
7. Quienes ingresen a la Argentina deberán presentar seguro médico. Esa afirmación es contraria al Acuerdo de Libre Circulación del Mercosur.
8. Se habilitará a las universidades el cobro de los servicios de educación. Esto debe ser discutido por el Congreso.
9. Serán más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía. Al ser la modificación de la Ley de Ciudadanía y del Acuerdo de Libre Circulación del Mercosur, debe pasar por el Congreso.
Chequeado al anuncio de la reforma migratoria:
El gobierno dice:
1. Cualquier persona condenada que intente ingresar al país será rechazada.Aclaración:
Ya el art. 29, inc. c de la Ley de Migraciones lo prevé para quienes tengan antecedentes o condenas superiores a 3 años. pic.twitter.com/ifHcTGJx7x— CELS (@CELS_Argentina) May 14, 2025
