El Gobierno de la provincia puso punto final a una larga espera por justicia institucional. A través del Decreto N° 4.998-MS/2025, el gobernador Carlos Sadir dispuso la exoneración definitiva de Raúl Ariel Rolando Oropeza López, el médico legista que en octubre de 2023 protagonizó una brutal agresión contra una estudiante de 18 años en la ciudad de Perico.
La medida representa la sanción más severa del régimen disciplinario, borrando del cuerpo policial a un funcionario cuya conducta fue calificada como indigna.
Los hechos se remontan a más de dos años atrás, cuando el entonces integrante de la Unidad Regional 6 interceptó a la víctima frente a su domicilio. Sin mediar palabra, el profesional la golpeó brutalmente y le sustrajo su teléfono celular.
Pese a la gravedad del ataque y a su rol como servidor público, el proceso judicial posterior dejó un sabor amargo: en una audiencia que generó indignación, la jueza María Gracia Cardone, presidenta del Tribunal de Revisión, decidió quitar el agravante de violencia de género, reduciendo el ataque a una simple disputa por golpes.
Impunidad judicial y persecución a la familia
Aquel fallo judicial no solo permitió que el agresor evitara la cárcel a cambio de tareas comunitarias, sino que provocó la desesperación de la víctima, quien abandonó la audiencia virtual sumida en el llanto ante lo que se percibió como una justicia deshumanizada. Lejos de mostrar arrepentimiento, el ahora exonerado inició acciones legales contra el padre, el hermano y el novio de la joven, acusándolos por intervenir para salvar la vida de la estudiante mientras él la golpeaba en el rostro.
La decisión del Poder Ejecutivo llega para saldar una deuda ética con la comunidad. Al publicarse la firma en el Boletín Oficial, Oropeza López pierde todo vínculo con la Policía de la provincia y queda inhabilitado para ocupar cargos públicos. Para la familia y los vecinos que acompañaron el reclamo durante estos años de impunidad, la resolución administrativa logra lo que el tribunal no pudo: marcar un límite definitivo frente a la violencia y el abuso de poder ejercido desde una institución de seguridad.