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El bloque Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO) presentó un proyecto para rechazar desde la legislatura las declaraciones realizadas por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobre el terrorismo de Estado y los procesos de Memoria, Verdad y Justicia buscando instalar un cambio de paradigma respecto a los hechos que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico militar.
Desde el espacio que integran los diputados Juan Manuel Esquivel, María Ester Mamaní y Ariel Ruarte expresaron que las declaraciones realizadas por Macri a la periodista Karla Zabludovsky, corresponsal de Latinoamérica para el sitio BuzzFeed, en relación a la posición del gobierno de Cambiemos sobre la política de Derechos Humanos “echan por tierra los 40 años de construcción de una posición sobre los crímenes que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Poner en cuestión la cantidad de desaparecidos, señalar que lo que pasó en ese período en el país fue una “guerra sucia” y plantear como responsable principal del Poder Ejecutivo que no puede “interferir” en los juicios contra los represores, cuando durante los últimos 12 años se trató de una política de Estado, resultan cuanto menos un intento discursivo que cambiar el eje de discusión sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desarrolladas en los últimos años”.
“Jujuy también es una provincia que fue castigada por los horrores de la dictadura y sus consecuencias. Hemos tenido presos que dan testimonio del horror vivido en aquellos años, secuestrados y desaparecidos, tuvimos la Noche del Apagón, secuestro masivo de ciudadanos y ciudadanas del pueblo de Calilegua ocurridos la semana del 20 de julio de 1976, tenemos también a los cómplices civiles de la dictadura, como Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, procesados por delitos de lesa humanidad por poner a disposición de las juntas militares toda la logística para perpetrar los secuestros y desapariciones forzadas de aquellos días”, indicaron los diputados.
En ese marco, los diputados aseguraron que “debemos ser claros y contundentes: durante la última dictadura militar en la Argentina no hubo una guerra, sí hubo un genocidio. Si el estado es la institución que posee el monopolio de los medios de coerción, a partir del 24 de marzo de 1976 esos medios fueron utilizados de manera sistemática para identificar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a miles de mujeres, hombres y niños. No hubo errores no excesos. Todo fue sistemáticamente planificado y ejecutado. No hay lugar para “dos demonios en el infierno”. Las definiciones del Primer Mandatario rayan, por lo menos, el desprecio por el tema de los desaparecidos y su desinterés se refleja en la falta de definición sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y el debilitamiento de áreas para sostenerlas”.
