Vivienda en Jujuy: Un proyecto para sacar a 60 mil familias de la precariedad

Los números en Jujuy no solo son fríos, duelen. Actualmente, más de 64.000 familias no tienen techo propio y el 61% de los chicos jujeños crece bajo la línea de pobreza. En este escenario, donde los asentamientos en las márgenes de los ríos son la única opción para muchos, el Bloque de Diputados Justicialistas presentó un proyecto de ley que busca declarar la emergencia habitacional en toda la provincia por cinco años.

La iniciativa no es un simple enunciado de buenas intenciones. Obliga al Estado a priorizar la urbanización y la regularización de dominios, reconociendo que la crisis habitacional en barrios como Alto Comedero, Chijra o Loteo Bárcena ya no admite respuestas burocráticas lentas, sino medidas extraordinarias.

El fin de la exclusión para el trabajador informal

Uno de los puntos más disruptivos del proyecto es cómo aborda el financiamiento. El sistema actual es una pared infranqueable para el albañil cuentapropista, la vendedora ambulante o el trabajador de la economía popular. Al no tener un recibo de sueldo tradicional, el sistema los expulsa.

La propuesta legislativa exige que el 25% de las viviendas del IVUJ se destinen a trabajadores informales y monotributistas, con cuotas que se adapten a ingresos variables. Además, establece cupos específicos: un 10% para personas con discapacidad y un 20% para familias monoparentales, sectores que hoy cargan con las mayores barreras de acceso.

Innovación y Laboratorio Social

La propuesta incluye la creación del Laboratorio Social para el Desarrollo Habitacional. Lejos de ser una oficina más, se plantea como un espacio de diseño entre universidades, colegios profesionales y cooperativas. El objetivo es validar modelos que en Jujuy ya ocurren de hecho, pero sin apoyo oficial: la autoconstrucción asistida y la urbanización progresiva.

El proyecto también pone el foco en las zonas de riesgo. Propone que, ante las inundaciones y asentamientos en terrenos peligrosos, la respuesta no sea el desalojo liso y llano, sino programas de relocalización donde las familias participen de la solución.

La pregunta del millón: el presupuesto

Aunque el texto fija plazos y responsabilidades, el gran interrogante sigue siendo el financiamiento. La creación del Fondo Provincial para la Innovación Habitacional es la herramienta propuesta, pero su éxito real quedará atado a la voluntad política del Ejecutivo para asignar partidas presupuestarias que hoy parecen esquivas.

En una provincia donde el déficit habitacional es estructural y creciente, esta ley aparece como un intento de saldar una deuda histórica. El derecho a una vivienda digna figura en la Constitución, pero en los asentamientos de Jujuy, ese derecho todavía se construye con maderas y nailon mientras se espera una respuesta del Estado.

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