El Gobierno apura al Congreso por el Presupuesto y las PASO

Con la mira puesta en cerrar el año legislativo con victorias clave, el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias en diciembre y acotará la discusión parlamentaria a un puñado de proyectos prioritarios.

La jugada obliga a la Casa Rosada a negociar contrarreloj con los bloques aliados y los gobernadores, dejando en el freezer cerca de una decena de iniciativas hasta 2027.

En la cúpula libertaria, con Karina Milei y los Menem a la cabeza de la estrategia política, la prioridad absoluta es eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El cronograma oficial apunta a obtener dictamen y darle media sanción en el Senado el próximo 26 de noviembre, de la mano del senador Agustín Coto en Asuntos Constitucionales, para luego cerrar la sanción definitiva en Diputados durante diciembre.

El otro eje central es el Presupuesto nacional. El oficialismo busca aprobarlo en la Cámara baja el 25 de noviembre y girarlo al Senado para sancionarlo el mes próximo.

Para lograrlo, deberá destrabar los reclamos del PRO, la UCR y los mandatarios provinciales, que exigen certezas sobre coparticipación, cajas previsionales, fondos universitarios y partidas para discapacidad.

En Diputados también asoma el debate por la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Defensa de la Soberanía de Malvinas.

Esta última iniciativa genera fuertes cortocircuitos con los bloques dialoguistas debido a su Título VII, que modifica el Código Penal y el régimen electoral bajo la figura de injerencia extranjera, un punto que distintos sectores advierten podría restringir la libertad de expresión y el accionar de las ONG.

Mientras el Gobierno concentra sus fichas en ese paquete, varios expedientes de peso quedaron empantanados y corren serio riesgo de postergarse hasta el año próximo.

Es el caso del denominado Super RIGI —frenado en el Senado por reclamos sobre el cupo de proveedores locales—, la Ley de Biocombustibles —trabada en Diputados por el pedido de resguardo a las pymes— y la Ley de Ludopatía, que pese a la presión de la Iglesia Católica choca contra la resistencia de las provincias por el impacto recaudatorio de restringir las apuestas.

En esa misma lista de espera aparecen la Ley Hojarasca, la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Tratado de Cooperación de Patentes.

Distinto es el panorama para las leyes de Salud Mental y Discapacidad, que mantienen chances concretas de entrar en el temario de diciembre ante el amplio consenso legislativo y el respaldo expreso de Patricia Bullrich en la Cámara alta.

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