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El Gobierno busca prohibir asistencia a empresas asentadas en paraísos fiscales

El oficialismo buscará esta semana avanzar en el freno de la ayuda estatal a empresas que no tributen en el país. Este martes la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados comenzará a debatir un proyecto del oficialismo que prohíbe la asistencia a empresas asentadas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal.

El proyecto de ley había sido presentado en abril último, al mes de desatada la pandemia de covid-19, pero quedó cajoneado hasta este martes, fecha en que se iniciará la discusión en la Cámara baja.

Con un ojo en las cuentas públicas y otro en la restricción externa, el objetivo del proyecto de ley es evitar que la ayuda oficial termine alimentando y sosteniendo la fuga de capitales -no de forma directa- de grandes compañías. La misma limitación fue aprobada por los gobiernos de Francia, Dinamarca, Polonia y Austria.

“Los que quieren una Argentina para pocos tienen su dinero afuera, invertido en paraísos fiscales, donde no pagan impuestos y se enriquecen, así potencian el valor de las fortunas que seguramente heredaron y construyeron evadiendo impuestos”, aseguró este lunes el presidente Alberto Fernández durante el lanzamiento del programa Precios Cuidados para la Construcción.  Desde que se desató la pandemia la ayuda oficial convivió con altos niveles de dolarización del sector privado.

Con el programa ATP fueron asistidas 328.000 empresas y cerca de 3,07 millones de trabajadores y trabajadoras a los que se les pagó una parte de sus salarios. El Gobierno destinó unos 150.000 millones de pesos en las primeras cuatro rondas del programa y ya se anunció una quinta etapa.

Por su parte, en lo que va del año la cuenta financiera del sector privado no financiero acumuló hasta julio un déficit (fuga neta) de 3884 millones de dólares. Sólo en julio ascendió a 1225 millones de dólares, como consecuencia de las cancelaciones netas de deuda financiera y la formación de activos externos.

Hasta el momento había una tímida restricción, desde el Banco Central, que impide desde mayo el acceso al mercado cambiario oficial a las empresas que cuenten «con activos líquidos originados en la formación de activos externos». Ahora se debatirá una medida que prohíba la asistencia a potenciales fugadores.

El proyecto

La Comisión de Presupuesto y Hacienda citó para este martes a debate la propuesta de «Prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal». La iniciativa lleva la firma de los diputados (Frente de Todos) Hugo Yasky, Pablo Carro, Walter Correa, María Martínez, Patricia Mounier, Claudia Ormachea, Carlos Pone, Ayelén Sposito y Juan Ameri. El debate se iniciará luego de concluido otros temarios del «supermartes legislativo», en el que se destaca el proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas y el de defensa de los activos del Fondo Garantías de la caja previsional de de la Anses.

Según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica estadounidense, Argentina es el quinto país con más dinero en paraísos fiscales,  detrás de Rusia, Arabia Saudita, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos. Sólo en 2016, lo que ese dinero no pagó en impuestos representa el 4,4 por ciento del PBI. El National Bureau of Economic Research (NBER) había calculado para ese año que una décima parte de la riqueza del mundo se encuentra en paraísos fiscales Esa proporción asciende a un 15% en Europa, pero llega casi hasta el 60% en el Golfo y algunos países latinoamericanos.

La tendencia en la Argentina se acentuó a partir de la creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), también denominadas como las nuevas off-shore argentinas. Son una estructura societaria que surgió por una ley que Cambiemos promovió en marzo de 2017 y que permite inscribir una compañía en 24 horas. Esta velocidad para el surgimiento tiene su equivalente en el casi nulo control oficial que se les aplica. De esta forma, son un mecanismo que puede ser utilizado con facilidad para ilícitos, como evasión y lavado de dinero. También pueden servir para defraudar socios, trabajadores, proveedores y hasta organismos públicos.

En los últimos meses varios países buscaron definir un dique de contención para evitar que la ayuda oficial no vaya a empresas con sedes en paraísos fiscales. El último caso fue Francia, siguiendo el ejemplo de otros países europeos. El gobierno de Emmanuel Macron excluyó de las ayudas públicas a las empresas registradas en jurisdicciones off-shore. «Hay reglas que deben seguirse. Si te has beneficiado del tesoro del Estado, no puedes pagar dividendos y no puedes volver a comprar acciones. Y si tu sede está ubicada en un paraíso fiscal, es evidente que no puedes beneficiarte de la ayuda pública»,  argumentó el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire.

El Destape

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