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El gobierno de la provincia se constituirá en querellante, a través de la Fiscalía de Estado, en las causas en las que se investiga a la dirigente social Milagro Sala por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, por un lado, e instigación a cometer delitos y tumultos, por el otro.
El Ejecutivo local denunció a la diputada por el Parlasur por los delitos de “asociación ilícita” y “fraude a la administración pública”, pero la fiscal penal de turno, Liliana de Montiel, amplió la imputación motivada en los testimonios de cooperativistas que declararon contra Sala después de haber acordado con el gobernador Gerardo Morales la inscripción y regularización de sus organizaciones.
Esos acuerdos provocaron que algunas cooperativas abandonaran el acampe en la plaza Belgrano, que este domingo cumple 48 días.
El fiscal de Estado, Mariano Miranda, dijo que el gobierno presentó denuncias por la mala administración de fondos públicos de 1,5 millones de pesos, dinero que fue aportado a través del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (Ivuj) a cuatro cooperativas ligadas a la Red de Organizaciones Sociales. Aclaró de todos modos que esa cifra puede ampliarse y llegar a los 30 millones.
Por esta causa, está detenido el ex vocal del Ivuj Pablo Tolosa y la ex jefa del Departamento Administrativo Contable de esa repartición, Marta Gutiérrez, que era la empleada que autorizaba los pagos a obras, aunque solo respondía al pedido de sus superiores.
Sobre las maniobras fraudulentas, el actual presidente del Ivuj, Walter Morales -quien es además uno de los hermanos del gobernador- aseguró: “No es que tenemos sospechas, estamos convencidos de que fue así. Entregamos las pruebas a la justicia y son irrefutables”.
