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A un día de conmemorar el 28 de septiembre como el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro para exigir a los gobiernos el acceso a este derecho, el gobierno de Javier Milei desfinanció la ley que obligaba a comprar los insumos y viola la normativa que pone al Estado como garante del derecho.
Los abortos inseguros provocan el 10% de las muertes maternas: cada año mueren más de 40 mil mujeres en el mundo, la mayoría en los países que prohíben la práctica, los más atrasados.
Cabe recordar que Argentina aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo el 30 de diciembre de 2020. Pero desde que asumió, el gobierno libertario busca derogar la ley votada democráticamente en el Congreso. Primero presentó un proyecto, pero como no tuvo eco, decidió desfinanciar la ley: dejó de comprar los insumos e incumple la ley, que pone al Estado como garante del derecho.
El gobierno, lejos de negar la situación, hace alarde de su postura. Para el presidente Javier Milei, el aborto es «un asesinato agravado por el vínculo». Y, preocupado por la baja de la natalidad, pide seguir «abrazando las ideas de la libertad, no castigando a la población con la aberración del aborto porque la población permite mayor división del trabajo y mayor crecimiento económico».
Por eso se oponen a la Educación Sexual Integral. Por eso desfinanciaron el Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia), que en los últimos cinco años había logrado bajar la tasa de estos embarazos a la mitad. Por eso desfinanció el aborto legal. Total, las mujeres que se mueren en abortos clandestinos siempre son las pobres.
«No hay plata», repite Milei. Pero esta no es una cuestión de dinero: según el Fondo de Población de Naciones Unidas, «el Plan ENIA le permite al Estado ahorrar 140 millones de dólares al año si se contabilizan los costos asociados a la atención de una gestación y el parto de embarazos no intencionales en niñas y adolescentes de 10 a 19 años».
Cada año más de 40.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se convierten en madres en la Argentina. De ellas, una cifra superior a mil no alcanza siquiera los 15 años de edad, es decir que cada día 3 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres, la mayoría producto de abuso sexual. Sin embargo, la gestión Milei ha decidido no atender esta urgencia que condiciona la calidad de vida de las infancias y desfinanciar las políticas de salud sexual y reproductiva.
Para encender alarmas sobre esta problemática y reactivar las políticas sobre prevención del embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA), en el Congreso de la Nación se han presentado distintas iniciativas legislativas, impulsadas por referentes de diversos partidos.
“El embarazo no intencional en la adolescencia y la maternidad temprana constituyen un serio problema social y de derechos humanos, que contribuye a la interrupción de trayectorias escolares y repercute en inserciones precarias en el mercado de trabajo. Asimismo, trae aparejados riesgos para la salud. Solo 4 de cada 10 de las adolescentes que tienen un hijo tempranamente logran completar la educación secundaria, lo que pone en evidencia la urgencia de atender este tema. El Estado tiene la obligación de: asegurar que las y los jóvenes cuenten con información, educación y acceso a la salud para que puedan decidir libremente su futuro”, indico Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
Los números del Plan ENIA
En 2018, según datos del Ministerio de Salud, 7 de cada 10 embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumentaba a 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Para 2021, ya en la gestión de Alberto Fernández, se logró reducir esas estadísticas a 5 de cada 10 embarazos no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años.
Según datos del Proyecto Mirar, desarrollado por CEDES con el objetivo de monitorear la implementación de la Ley de Aborto en el país, entre 2018 y 2021 la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente en los segmentos de 10 a 14 años se redujo 43%; en el segmento de 15 a 19 años un 45%; y en el restante de 10 a 19 años lo hizo en un 49%.
Los resultados del Censo 2022 coinciden en los impactos de la prevención al arrojar una reducción del 50% en la cantidad de adolescentes con hijos/as.
El informe destaca también el impacto económico que genera la implementación del Plan para el gobierno. Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado argentino utiliza U$S 200 millones para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes.
Por su parte, el financiamiento del Plan ENIA representa solo U$S 17,7 millones. El mismo estudio señala que el Estado podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de estos embarazos, lo que equivale a ocho veces la inversión en el programa.
