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El Estado provincial no se presentó a la audiencia realizada en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, en el marco del pedido de inconstitucionalidad de la ley que avaló la reestructuración de la deuda que tomó el gobernador Gerardo Morales conocida como Bono Verde.
La diputada provincial Mara Ferreyra, su par Emanuel Martín Palmieri, el legislador nacional Julio Ferreyra y la dirigente Alejandra Cejas, acompañados por el abogado sampedreño Juan Giusti, asistieron este miércoles al STJ a la audiencia citada para tratar la inconstitucionalidad de la ley 6181 de restructuración del Bono Verde, la deuda contraída para la construcción del parque solar Cauchari.
La reestructuración del Bono Verde, una deuda originalmente de 210 millones de dólares, fue sancionada por el Legislativo en julio de 2020. Al mes siguiente, un grupo de legisladores presentó la acción de inconstitucionalidad. El fundamento fue que la ley se aprobó con 26 votos, cuando la Constitución provincial establece que los endeudamientos deben ser apoyados por los dos tercios de la cámara, es decir, 32 votos.
«Faltaron seis votos, nada más y nada menos. Pero como a Morales no le interesa nada la institucionalidad, siguió adelante», señaló Giusti en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
El cuestionamiento a la legalidad, además, se apoya en que la reestructuración implicó un aumento de la deuda en 38 millones de dólares. «O sea que al desastre que es Cauchari, se le agregan 38 millones de dólares más de deuda, 3,1 millones de capital y casi 34,9 en intereses», precisó el abogado.
«Cuando salió la ley todavía no teníamos los datos de Cauchari, porque empezó a producir el 15 de septiembre de 2020. Ahora sabemos que el parque solar produce apenas el 70 por ciento de la energía programada», sumó Giusti, y completó: «Demostramos que el negocio no es tan fantástico como dice el gobernador. Los números son lapidarios.»
El abogado, que lleva un registro mes a mes del rendimiento del parque solar, aclaró: «Yo no me opongo a las reestructuraciones, pero no me aumentes la deuda en 38 millones de dólares. Y si vas a aumentar la deuda, por lo menos tené los votos que dice la Constitución para hacerlo. Es sencillo.»
En la audiencia de este miércoles, los denunciantes pidieron al STJ una serie de medidas de prueba, tras lo cual los supremos deberían expedirse sobre el planteo. «Yo tengo muy poca esperanza en que vayan a decir que esa ley es inconstitucional, porque ya sabemos que el Superior Tribunal responde al poder político», asumió Giusti, y recordó que el gobernador Morales lo demandó por denuncias que hizo mediante publicaciones en Facebook sobre el manejo de la empresa Cannava.
-¿Cómo sigue esto? Porque si el STJ declara la inconstitucionalidad de la reestructuración, igualmente la provincia tiene que pagar la deuda.
-Sí, claro. Pero alguien se tendrá que hacer responsable y alguien tendrá que ir preso.
