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Javier Milei definió por decreto el cierre de cinco fondos dependientes del Ministerio de Economía, entre los que se destaca el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. En un contexto en el que la violencia de género se profundiza, así como la negación del presidente a su existencia, la eliminación de este fondo impacta de manera directa en mujeres, niñas y niños, principales víctimas del delito de trata de personas.
El desmantelamiento de las destacadas políticas de lucha contra la trata ya había sido denunciado por las organizaciones sociales como Alameda, en el contexto del aún desaparecido niño de 5 años, Loan Peña, en Corrientes.
La disolución de los fondos fue publicada en el Boletín Oficial este martes mediante Decreto 1048/24 y comprende, además del ya mencionado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
Auditorías
Según lo expresado por el Gobierno, según publicó Noticias Argentinas, el cierre fue ordenado tras detectar debilidades en una auditoría, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados.
El Ministerio de Economía avanzó con la medida, en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, considerando que los cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Para la gestión libertaria, las disoluciones se realizaron “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.
Golpe a la lucha contra la trata
La eliminación “por múltiples falencias” del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata constituye un avance más hacia el desguace de esta política que fue reconocida de manera internacional.
Ya en julio pasado, en el contexto de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, un informe de La Alameda -organismo que lucha contra la trata- había denunciado que el gobierno libertario concretó el desguace de áreas fundamentales para prevenir y combatir este tipo de casos.
Cuestionaron que este delito mutó de una perspectiva de derechos humanos y género a un enfoque policial y represivo, ya que el Comité y el Consejo Federal Contra la Trata dejaron de pertenecer a la Jefatura de Gabinete y pasaron a la órbita del Ministerio de Seguridad.
El Fondo disuelto tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos.
Desde la cartera del ministro Luis Caputo dijeron a NA que entre las irregularidades que justifican su cierre “se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos”.
Según sus dichos, se mantendrán los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364. No obstante, a pesar de que afirmó que se dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, todavía no existe la herramienta concreta que permita hacerlo. Según expresaron desde Economía, dichas acciones “van a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley”.
Los otros fondos
- Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE): en su auditoría el gobierno concluyó que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según el texto oficial. Cabe destacar que todas las supuestas falencias señaladas podrían haberse subsanado con el adecuado acompañamiento.
Fue creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes. “Si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido”.
Otro de los fuertes argumentos para disolver un fondo destinado a emprendedores, uno de los sectores más golpeados por la hiperinflación a la que llevó esta gestión de gobierno, fue que “uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables”, ya que “al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota”.
Según el decreto, este incumplimiento por parte de los beneficiarios “comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios”. Es decir, en lugar de diseñar una política que permitiera el recupero, se definió su clausura definitiva.
- Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria: desde el Palacio de Hacienda precisaron a Noticias Argentinas que “se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas” y aseguraron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.
Una vez más, en un contexto en que adquirir una vivienda es casi imposible, el gobierno libertario opta por disolver el fondo que permitía a quienes tienen hipotecado su hogar, refinanciar la deuda.
- Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE): este fondo había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Su objetivo era invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. Política que, de implementarse en el contexto actual, permitiría combatir el creciente desempleo.
Entre los argumentos para su disolución se expresó que “tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias”. De esta manera, el Decreto consideró que “ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia”.
- Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA): este fondo había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020.
La gestión libertaria argumentó su cierre ya que “luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía”. Es decir, el sector empresarial azucarero del NOA, en un contexto de profunda recesión económica, perdió un fondo con el que contaba desde hace 14 años.
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