La Organización Campesina de los Perilagos (OCP) reiteró su rechazo a la pretensión del Gobierno de Jujuy de avanzar con el proyecto inmobiliario para el desarrollo de complejo turístico al que denomina «ecoparque» en la zona de los diques. La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver un amparo presentado para que declare inconstitucional la ley provincial que transformó la zona de «Área Natural Protegida» en «Área de Desarrollo Sostenible» para poder vender los lotes a inversores privados.
Pese a que está pendiente la resolución de la justicia, este miércoles la Legislatura provincial aprobó una modificación de esa misma ley para favorecer aun más la venta de las tierras. «Con esta modificación pretenden agilizar las ventas para favorecer a los grandes inversores», advirtió Pablo Gutiérrez, de la OCP, en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
El conflicto data de 2017, cuando el Gobierno provincial impulsó una ley para transformar una designada «Área Natural Protegida» en «Área de Desarrollo Sostenible», lo que derivó en un amparo ambiental y colectivo para declararla inconstitucional y que se encuentra actualmente en tratamiento de la Corte Suprema.
La modificación de la ley que aprobó la Legislatura a propuesta del Ejecutivo se refiere a la administración de los ingresos que se generen a partir de la concesión, adjudicación en propiedad o arrendamiento de las tierras ubicadas dentro de la zona, para lo cual se había establecido que sean depositados en un fondo fiduciario a crearse y que ahora quedó en manos del Gobierno.
«Esta modificación de la ley es una nueva artimaña del Gobierno provincial para la venta ilegal de este recurso natural que cuidamos entre todos y todas. No es más ni menos que un ataque a la flora, a la fauna y a la biodiversidad», expuso en un comunicado la OCP, perteneciente al Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
El rechazo se fundamenta en que el proyecto turístico e inmobiliario tendrá «un impacto negativo en el plano ambiental, social, económico y cultural». Son cerca de 100 hectáreas en las que los campesinos de la zona llevan a sus animales para pastoreo comunitario. «Además va a afectar el paso del agua, necesaria para las producciones de las familias que trabajan la tierra en el lugar», explicó Gutiérrez.
Las organizaciones campesinas advierten también que el proyecto tendrá consecuencias ambientales más allá del área en cuestión. «Todavía no hay servicios esenciales como agua potable o cloacas, y tampoco dejan en claro dónde van a ir a parar los residuos cloacales de la urbanización, por ejemplo. Nosotros siempre denunciamos que eso va a ir a parar a las aguas de los diques», indicó el referente campesino.
«Esto no es ni más ni menos que la privatización de las tierras de los diques, ese lugar adonde van los jujeños a disfrutar de la naturaleza», advirtió.
El Ejecutivo, por su parte, vincula el accionar a un nuevo circuito turístico en inmediaciones de los diques Las Maderas y La Ciénaga, en la ciudad de El Carmen, que apunta a generar en esa zona de perilagos una estructura hotelera y de servicios a la que en su momento el gobernador Gerardo Morales describió como «el Villa Carlos Paz jujeño».
«A casi un año de la audiencia pública donde la localidad de El Carmen le ha dicho no al Proyecto Ecoparque La Ciénaga, el Gobierno provincial en conjunto con la Agencia de Desarrollo Sostenible de Los Diques y el Ministerio de Ambiente intentan avanzar y despojarnos de las últimas áreas de bosque nativo de propiedad pública», demandaron desde la organización campesina.
La modificatoria aprobada este miércoles en la Legislatura, que deja en manos del Ejecutivo la administración de los ingresos a generarse, se dio en medio también de reclamos de la oposición en torno a que representa un «cheque en blanco» para el Gobierno y no asegura «transparencia».
La diputada Natalia Guevara (UCR) explicó que «por los altos costos del fideicomiso y las tasas bancarias», el Estado tendría pérdidas que ascenderían «al 10% del total recaudado», suma que «podría utilizarse para la inversión en infraestructura».
Con la modificación, según completó, «el Poder Ejecutivo queda expresamente facultado para administrar y disponer los ingresos que se obtengan, debiendo afectar los mismos a la ejecución de proyectos de desarrollo del área y de la provincia en general».
El diputado Alejandro Snopek, de Juntos por Jujuy (Frente de Todos), señaló que sacar el fondo fiduciario «lo que hace es quitar un órgano que controle que la administración de los recursos se haga de manera transparente y eficiente».
«Hablando en criollo, lo que pretende el gobierno provincial es manejar los fondos de las ventas y actuar ellos prácticamente como una inmobiliaria», sintetizó Gutiérrez.
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