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El Gobierno de Javier Milei, a través de una resolución en el Boletín Oficial, anunció la implementación de un «protocolo de actuación» que tiene como objetivo bloquear las maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos dedicadas a reclamos laborales en fábricas o lugares de trabajo.
Según el artículo 1 de la normativa, «se entenderá por ‘bloqueo’ a las maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos, de cualquier naturaleza, que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicios en cualquier lugar del territorio nacional».
El Poder Ejecutivo implementará un accionar en el que el Ministerio de Seguridad evaluará las denuncias recibidas a un número de WhatsApp y «pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y, de corresponder, instruirá a la Secretaría de Seguridad para que efectúe el despliegue de las fuerzas policiales y de seguridad federales más próximas a fin de que hagan cesar el bloqueo y restablezcan el normal ingreso y egreso de personas, vehículos o mercaderías en el establecimiento afectado».
Y agrega: «Si las autoridades del distrito donde se desarrollan los hechos solicitaren ayuda de las fuerzas policiales y de seguridad federales, la máxima autoridad de esta jurisdicción evaluará la necesidad, la posibilidad y la oportunidad de brindar el auxilio solicitado y dispondrá el despliegue correspondiente».
El Comando protector de empresas
El viernes pasado, el Gobierno también oficializó la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, una fuerza especial para “proteger” a petroleras, cerealeras y mineras de bloqueos y protestas sindicales.
A través de la resolución 893, el Ministerio de Seguridad aseguró que el Comando Unificado estará integrado por la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de despliegue territorial, la Dirección Nacional de operaciones y despliegue territorial (o las que en el futuro las reemplacen) del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y por los representantes que eventualmente se designen, del cuerpo policial de las provincias en las que sea necesaria la actividad del Comando Unificado de Seguridad Productiva.
A su vez, existirá un equipo de Coordinación General de Comando Unificado que estará a cargo de la máxima autoridad ministerial y podrá ser delegada en el funcionario que esta designe. Tendrá a su cargo la conducción de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales correspondientes.
