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El gobierno nacional formalizó este lunes mediante una resolución publicada en el Boletín Oficia el Plan Nacional «Argentina contra el Hambre», que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, y busca «garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social».
El Plan se inició con la primera reunión del Consejo Federal de Políticas Sociales, a cargo de Victoria Tolosa Paz, y encabezado por el presidente Alberto Fernández, el pasado 20 de diciembre.
El día anterior se habían comenzado a entregar las tarjetas alimentarias, parte del Plan, en Concordia, Entre Ríos, que es una ciudad con alto porcentaje de pobreza e indigencia de acuerdo con el Indec.
En uno de los considerados de la resolución se cita que rige la Emergencia Alimentaria Nacional, por lo que el Estado debe «garantizar, en forma permanente y de manera prioritaria, el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población».
En consecuencia, se indica que «en virtud de la emergencia alimentaria y nutricional por la que atraviesa» Argentina, «resulta imprescindible entender que todas las acciones y estrategias que lleva adelante» el Ministerio de Desarrollo Social «a través de sus distintos programas, tienen como finalidad última brindar respuesta a tan angustiante situación».
«Por ello, entendemos a las políticas y estrategias como integrales y transversales. El diseño y la implementación de dichas políticas se basa en un enfoque interdisciplinario garantizando la coordinación interjurisdiccional e intersectorial de diversos organismos y niveles del Estado nacional, provincial, y municipal, y actores de la sociedad civil para el logro de los objetivos planteados», argumenta el texto oficial.
Además, se señala que «para dar respuesta a la problemática del hambre en la República Argentina se requiere de un enfoque integral, en tanto la seguridad alimentaria está asociada al bienestar social y a su expresión en diferentes dimensiones (economía, cuidado, salud y educación entre otras)».
«En esta instancia, resulta necesario implementar acciones que, con la participación de los distintos actores de la sociedad, nos permitan dar respuesta a las demandas de la población destinataria de las políticas de Estado que se llevan a cabo en cumplimiento de las competencias de esta cartera ministerial», cierra.
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