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A través de la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó una profunda reestructuración presupuestaria que restó un total de 63.021.299.401 pesos al área de Salud Pública.
La medida impacta de manera directa en la provisión de fármacos esenciales, tratamientos oncológicos y el financiamiento de organismos sanitarios estratégicos.
De acuerdo con los anexos oficiales del documento, el mayor ajuste nominal se ejecutó sobre el programa «Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica», el cual sufrió una quita de 20.000 millones de pesos.
En paralelo, las partidas destinadas al «Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud» se redujeron en 25.000 millones de pesos, lo que resentirá de manera inmediata la asistencia sanitaria que la Nación transfiere a las distintas provincias.
Impacto en tratamientos por cáncer, VIH y el Incucai
Entre los recortes que generan mayor preocupación social se destaca la baja de 5.000 millones de pesos en el programa de «Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer», una partida que afecta de forma directa las ayudas sociales para pacientes oncológicos de alta vulnerabilidad.
Por su parte, los organismos descentralizados de investigación y procuración también sufrieron el impacto de la tijera fiscal:
- El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) perdió 831,3 millones de pesos, divididos entre gastos corrientes y recursos de capital.
- La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud «Dr. Carlos Malbrán» (ANLIS) registró una reducción de 1.162,2 millones de pesos, lo que paralizará obras edilicias y proyectos de laboratorios de alta complejidad.
Menos recursos para la prevención de enfermedades
La readecuación presupuestaria firmada por el Ejecutivo nacional abarca además otras áreas sensibles de la salud colectiva. El texto oficial detalla una quita de 800 millones de pesos en los programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, junto a una reducción de 500 millones para la prevención de enfermedades transmisibles en general.
Finalmente, el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrió una quita de 900 millones de pesos, completando un esquema de reestructuración de partidas que ya genera fuertes críticas de los sectores especializados por el impacto que tendrá en el acceso a la salud de la población.
