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A través de una resolución del Ministerio de Justicia, el Gobierno oficializó la cesión a los fiscales de un edificio emplazado en el espacio memoria que funciona en lo que fue el campo de detención, tortura y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Desde los organismos sostienen que se trata de una maniobra irregular.
En el Boletín Oficial, el ministro Mariano Cúneo Libarona informó que el edificio Raúl Ricardo Alfonsín (edificio 11) será cedido para el uso exclusivo de las fiscalías de Cámara de Comodoro Py y del fuero Penal Económico. En esos tribunales, el Gobierno pretende aplicar el sistema acusatorio, que pone las investigaciones en cabeza de los fiscales, a partir del 11 de agosto próximo.
La medida busca provocar no solo a los organismos de derechos humanos sino también al Ministerio Público Fiscal (MPF), que ya le había dicho que no están dadas las condiciones para aplicar el sistema acusatorio y que no tiene intención de mudar a sus fiscales a la ex ESMA.
Fuentes cercanas al procurador Eduardo Casal le habían dicho a Página/12 que la Procuración podría aceptar el ofrecimiento, aunque no para instalar las fiscalías de Comodoro Py.
De acuerdo con la ley 26415, es el Ente Tripartito -integrado por la Nación, la Ciudad y el directorio de organismos de derechos humanos- el que decide el uso que se le dará a los edificios dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA.
El 28 de mayo pasado, Alberto Baños –que venía de ser degradado a subsecretario de Derechos Humanos– apareció en la reunión del Órgano Ejecutivo (OE) del Ente Tripartito con un escribano. La representante del directorio de organismos le contestó que no tenían, a priori, inconveniente con que se le cediera el lugar al MPF, siempre y cuando no fuera usado para llevar a personas detenidas. Dijo, además, que faltaba la opinión de la representante de la Ciudad y que el MPF debería presentar un proyecto explicando qué uso le daría al edificio.
Nada de eso estuvo. Sin embargo, Cúneo Libarona publicó este jueves la resolución, que ya circulaba desde el miércoles. Lo notorio es que el ministro estuvo reunido en la tarde de ayer con los referentes de la Asociación de Magistrados, que volvieron a hacerle llegar sus preocupaciones por su premura por la aplicación del sistema acusatorio.
«No se habló de los edificios en particular, pero, en principio, no hay interés de la Procuración por instalarse en esos lugares», remarcó uno de los participantes del encuentro.
Rechazos
Hubo presentaciones judiciales contra la cesión del edificio. Los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi le pidieron al juez federal Ariel Lijo, a cargo de la megacausa ESMA, que dicte una medida de no innovar.
Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, le dijo a Lijo que el uso alegado por el Ministerio de Justicia en un comunicado –contribuir a meter a los delincuentes presos– desvirtuaba el objeto del espacio de memoria. Recordó Montenegro que ya la ESMA había sido usada para tener prisioneros a quienes desde el poder político se catalogaba como delincuentes.
A eso se suma un pedido del subsecretario Alberto Baños para que este jueves se reúna el OE del Ente. Ya les adelantó que pretende discutir la cesión de otro edificio, el 27, que el Gobierno busca dejar en manos de los fiscales, los defensores o el Consejo de la Magistratura –el órgano que se encarga de seleccionar y sancionar a los jueces y que está presidido por el supremo Horacio Rosatti.
Sería difícil que el presidente de la Corte opte por viajar desde el Palacio de la calle Talcahuano hasta Núñez para presidir una reunión del Consejo.
El edificio 27 no es otro que el de la SDH. Si Baños quiere cederlo, eso implicaría que debería mudar sus oficinas. La Secretaría, ahora degradada, ha tenido sus oficinas en la ex ESMA desde 2015. Desde que Baños se hizo cargo, la planta de personal quedó reducida a la mitad.
Página/12
