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El gobierno provincial sigue sin cumplir con el mandato de la justicia federal para reparar los daños provocados en el pueblo de Caspalá en 2022, cuando destruyó un espacio comunitario y expropió de manera irregular un terreno privado donde se destruyó de manera irreversible patrimonio arqueológico.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la abogada Alejandra Cejas, que representa a la comunidad kolla de Caspalá, reveló que desde el gobierno continúan poniendo excusas y dilatando el cumplimiento del compromiso firmado con los pobladores bajo la supervisión de la justicia federal. «Mientras no se restaure, el daño sigue; o sea que es un delito continuado», advirtió.
Los hechos que dieron origen a la denuncia de la comunidad ocurrieron en noviembre de 2022, cuando el entonces gobernador Gerardo Morales pretendió construir una escuela en el exacto lugar de la cancha comunitaria. Luego la Legislatura aprobó la expropiación de un terreno perteneciente a la familia Cruz Moyoja, el gobierno inició tareas de nivelación y en ese proceso se destruyó un antigal. La resistencia de la comunidad se encontró con una represión feroz que incluyó la virtual ocupación del pueblo por parte de las fuerzas de seguridad.
En el proceso judicial interviene la jueza federal de Garantías Carina Inés Gregoraschuk y la fiscal federal Lucía Romina Orsetti. Seis funcionarios provinciales están imputados del delito de defraudación a la administración pública.
El acuerdo incumplido
En el marco del proceso legal, se acordó un convenio por el cual el gobierno provincial se comprometió a restaurar lo que se había destruido, tanto la cancha comunitaria como el terreno de Pablo Cruz Moyoja. «Estamos prácticamente a siete meses y hasta el día de la fecha no se resuelve la situación», señaló Cejas.
Junto a su colega Silvana Llanes, la abogada reveló que desde el gobierno provincial «tratan de hablar con gente que no es de la comunidad», en referencia a la comisión municipal de Caspalá, de la que comentó: «Ese es el ámbito administrativo, y además trabaja con el gobierno».
«Ya se ha planteado que tienen que arreglar con la comunidad. Tienen que restaurar y devolver un espacio público que tan importante como la cancha de fútbol, donde además hacen todas las actividades sociales -continuó-. Dicen que están haciendo una mesa de gestión para ver cómo lo resuelven. Es absurdo».
En las últimas horas, el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, afirmó a medios locales que «se está volviendo a la normalidad», y aseguró que «la idea es dejar tranquila a esa comunidad”.
En este sentido, Cejas destacó la buena voluntad de la comunidad «para entender que este es un proceso que hay que hacer», pero advirtió: «Eso también va a tener un límite».
En el caso de la propiedad de Cruz Moyoja, en tanto, va a ser imposible restituir el patrimonio arqueológico dañado. Aquí además está pendiente que la Legislatura sancione una ley anulando la norma que habilitó la expropiación de esa parcela.
«En su momento, Morales mandó una ley de expropiación que salió en 24 horas sin haber justificado la utilidad pública. Una expropiación que además nunca pagaron. Ahora no pueden sacar una ley, a lo que están obligados por este mismo convenio para devolver la propiedad del terreno», explicó Cejas.
Cuestión de plata
Para Alejandra Cejas, es importante además tener en cuenta el costo que tienen estas maniobras del Ejecutivo. «Están usando recursos públicos, porque esto no lo hicieron con fondos personales», afirmó, y recordó: «Sale mucha plata tener 100 policías sitiando Caspalá para evitar que la comunidad defienda su propiedad».
«Mirá el costo que ha tenido esta aventura. Como todas las aventuras que hacen, desalojos de comunidades para no sabemos qué, porque nunca se termina de saber realmente cuál es el fin. Ahora encima están gastando el doble, porque tienen que desarmar lo que hicieron mal», agregó.
Daño continuado
«La primera conclusión es qué fácil es destruir y qué difícil es restaurar. En menos de 20 días destruyeron la cancha y hace siete meses que no saben qué hacer para arreglarla. Si rompés en 20 días, tomate 20 días y poné los recursos que decís que tenías para romper, y arreglalo -reflexionó Cejas-. No podés andar dañando personas y comunidades gratuitamente. No es así la vida».
Y remarcó: «Mientras no se restaure, el daño sigue; o sea que es un delito continuado».
Desprotección
«Tanto que pregonaron desde este gobierno la paz, pero no hay paz cuando no hay justicia. Y no hablemos de lo que hizo la justicia provincial, que amedrentó al pueblo, que les armaron causas penales, los gasearon, les dispararon. Ahora un órgano imparcial, como es en este caso la justicia federal, le dice que tienen que recomponer porque lo que hicieron fue ilegal, y no lo pueden hacer. O no quieren».
-¿Cree que es una decisión política?
-Yo te voy a decir algo ya como concepto personal, más político, ahora que estamos en campaña. Los que pretenden ser diputados y los diputados que no son del bloque oficialista, podrían impulsar la responsabilidad civil y administrativa de los funcionarios. La penal, la estamos llevando a la justicia federal. Pero de las otras responsabilidades nadie dice absolutamente nada. Y quienes tienen que velar por la buena y justa administración son los representantes electos y las autoridades judiciales. Pero es tal el nivel de corrupción que hay en la provincia de Jujuy, que estamos desprotegidos.
-¿En qué sentido?
-Lo digo como ciudadana. Tengo una sensación de desprotección, de no poder hacer valer mis derechos, que no soy ciudadana, que acá no vivo en democracia, que alguien tiene un poquito de poder y hace lo que quiere. No vivimos seguros en nuestras casas. No sabemos si la propiedad privada es privada, porque si la quieren para hacer un negocio, te la sacan, te arman causas falsas. Yo no recuerdo haber vivido antes algo así.
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