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El Gobierno nacional derogó este martes la Resolución 187/2025, que regulaba las auditorías sobre pensiones por invalidez laboral. La norma, anunciada en enero, preveía una revisión masiva de beneficiarios, pero ahora será reemplazada por un nuevo procedimiento que se definirá en las próximas semanas.
La medida quedó oficializada con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Desde Casa Rosada explicaron que se detectaron “diversas observaciones y oportunidades de mejora” en los criterios técnicos usados para evaluar los casos.
Entre los motivos del cambio, el Poder Ejecutivo mencionó la necesidad de «incorporar referencias a normativas internacionales» que garanticen un proceso más justo y riguroso.
La resolución derogada contemplaba entrevistas, controles médicos y revisión documental de más de un millón de personas que reciben este tipo de pensiones.
Durante los primeros meses del año, el Gobierno había justificado las auditorías con denuncias de supuestas irregularidades. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, los controles habían revelado «un esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad» y estimó que «el 80% de los beneficiarios no cumplía con los requisitos».
La justificación
La Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas recomendó entonces frenar el operativo y «elaborar una nueva propuesta que actualice los criterios técnicos y metodológicos» utilizados hasta ahora. El objetivo es crear un nuevo sistema alineado con estándares internacionales en materia de discapacidad.
El procedimiento anterior tenía tres etapas: primero, el envío de una carta documento y un turno médico gestionado por PAMI; luego, entrevistas y controles presenciales a cargo de profesionales; y finalmente, la evaluación de la documentación por parte de la Andis para decidir si se mantenía o no el beneficio.
