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El Grupo de Puebla, organización que reúne a dirigentes políticos progresistas de Latinoamérica, informó la creación de un Observatorio Electoral para las votaciones que se desarrollarán este año en Bolivia, Ecuador y Chile.
El anuncio se realizó en el marco del séptimo programa “Diálogos de Cambio con Grupo de Puebla”, del que participaron Camilo Lagos, presidente del Partido Progresista chileno; el excanciller ecuatoriano Guillaume Long; la senadora boliviana, Adriana Salvatierra; la jurista brasileña Carol Proner; y la senadora de Paraguay, Esperanza Martínez.
Para Proner, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, la región está siendo sometida a “golpes de Estados de nuevos tipos, parlamentarios, mediáticos y también jurídicos».
En esa nueva configuración «el poder judicial da grandes combates contra la corrupción, pero la corrupción utilizada como argumento para convencer mediáticamente a la opinión pública respecto a la necesidad de no confiar en la política, es decir, una forma de coartar la participación democrática», enfatizó la jurista brasileña en un comunicado.
En Chile, el referéndum que determinará si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso para generar una nueva constitución, inicialmente estaba convocado para abril, pero debió postergarse a causa de la pandemia de coronavirus y se realizará el 25 de octubre próximo.
Por su parte, Ecuador, convocará a elecciones el 7 de febrero de 2021, y Long, encargado del proceso en dicho país, alertó sobre un proceso de persecución política y fraude electoral.
“En estos tiempos tan difíciles para América Latina, quiero celebrar la iniciativa de crear el Observatorio Electoral del Grupo de Puebla. Es fundamental que le prestemos muchísima atención al tema electoral, lo que no es solo el día de las elecciones, sino también la campaña, los derechos políticos de los votantes, de las candidatas y los candidatos”, subrayó el excanciller.
Por su parte, la senadora del Estado Plurinacional de Bolivia, Adriana Salvatierra, advirtió sobre la nueva dinámica de guerra jurídica contra la democracia que se sucede en un país bajo un Gobierno de facto.
En medio de una crisis político-social atizada por las sucesivas postergaciones de los comicios presidenciales -que pasaron de mayo a septiembre y ahora, 18 de octubre-, Bolivia atraviesa hace más de una semana una serie de protestas convocadas con cortes de ruta por la Central Obrera Boliviana y sectores aliados al exmandatario Evo Morales.
“En Bolivia vivimos una guerra comunicacional, donde aparatos de comunicación, y líderes políticos construían un escenario de dictadura. Una dictadura donde nunca se sacó a militares, como sí se hizo para reafirmar el poder Jeanine Áñez”, observó la senadora boliviana.
