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La media sanción que obtuvo en la cámara de Diputados el proyecto de Ley de Prevención de Ludopatía en 2024 fue celebrada como una victoria histórica, lograda a pesar de los intentos del oficialismo y la oposición más laxa de frenar el tratamiento. Sin embargo, el proyecto fue rápidamente estancado al pasar al Senado, donde quedó en riesgo de perder estado parlamentario, confirmando el éxito del lobby corporativo del «fenomenal negocio» del juego en línea.
El dictamen de mayoría, impulsado por un amplio bloque de diputados de la oposición (principalmente Unión por la Patria y la Coalición Cívica), buscaba establecer una prohibición total de la publicidad y el esponsoreo de las casas de apuestas.
La discusión en la cámara baja dejó en claro los intereses en juego. El diputado Rogelio Iparraguirre (Unión por la Patria) señaló que la postura de los sectores minoritarios se debía a que «no están de acuerdo en ponerle el cascabel al gato de este fenomenal negocio».
En el mismo sentido, Mónica Frade (Coalición Cívica) fue más allá al denunciar que «los intereses que estamos tocando son los de los zares de casinos con que operan acá las empresas extranjeras y por los que muchos diputados y diputadas dudaban de dar quórum».
Rogelio Iparraguirre
Luego de cuatro convocatorias consecutivas caídas por falta de quórum, la oposición consiguió el 27 de noviembre de 2024 la media sanción del proyecto que buscaba legislar las apuestas online para concretar políticas contra la ludopatía, enmarcando a la iniciativa como una propuesta de salud pública federal que trasciende las administraciones provinciales sobre juegos de azar.
La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos. El PRO y la UCR (59) se abstuvieron y La Libertad Avanza (36) votó en contra.
El proyecto aprobado en la Cámara Baja incluía medidas duras contra este meganegocio:
- Prohibición total de publicidad y esponsoreo en todo medio, incluidas redes sociales, influencers, camisetas de clubes de fútbol y estadios.
- Limitación de medios de pago (solo tarjeta de débito con topes).
- Verificación biométrica de identidad para evitar el acceso de menores de 18 años.
Las presiones
Pese al consenso multipartidario que logró su aprobación en Diputados, el proyecto se estancó rápidamente al pasar al Senado, donde finalmente quedó en riesgo de perder estado parlamentario, confirmando el éxito del lobby corporativo en la Cámara Alta.
Rogelio Iparraguirre expresó con dolor que la batalla se perdió: «Ya está jugado el futuro del proyecto… el Senado no estuvo a la altura de la pelea que había que dar con estos poderes», afirmó en diálogo con Daniel Tognetti en Somos Radio AM 530.
El foco de la presión se concentró en dos grandes actores económicos con fuerte influencia territorial y política. Iparraguirre señaló directamente al «poder del fútbol» como factor central en el Senado, en alusión a la AFA, que depende de los ingresos por el esponsoreo de las bets.
Por otro lado, reveló que la Cámara Argentina de Organismos Públicos de Loterías y Casinos también ejerció un «lobby muy poderoso frente a los gobernadores» para frenar la ley que limitaría su negocio.
En tercer lugar, el diputado advirtió que al ser el Senado la cámara que representa a las provincias, la presión territorial ejercida a través de los gobernadores y los organismos de loterías locales demostró ser más efectiva que el debate sobre la salud pública.
Los argumentos en contra del proyecto
La oposición al proyecto en Diputados provino principalmente de La Libertad Avanza, que votó en contra, y el PRO, que se abstuvo. Sus argumentos, a menudo esgrimidos como principios filosóficos, sirvieron de escudo a los intereses de las empresas de juego.
- Anti-regulación: Diputados como Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch defendieron que la ley implicaba «una injerencia del Estado en las decisiones personales de los adultos».
- Respeto a las autonomías: Silvana Giudici (PRO) argumentó que la ley era «incumplible» y que el Congreso debía «respetar las autonomías provinciales», una postura que convenientemente reforzaba la potestad de las loterías de cada jurisdicción.
- La conexión directa entre la política y el negocio quedó expuesta cuando se citó que la diputada Giudici fue acusada de ser permeable «al lobby de Codere y Angelici».
Por el lado del Ejecutivo, el mensaje del gobierno fue totalmente contradictorio: mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaraba que «el juego es un cáncer» y que lo suprimiría, se conoció que el Secretario de Niñez y Familia de la Nación había sido CEO de la empresa Codere, uno de los actores clave del sector a regular.
